El PP ve responsabilidades políticas en el PSOE por el fraude de las entradas de la Alhambra

El Ayuntamiento de Granada ve "evidentes" responsabilidades políticas del PSOE y la Junta de Andalucía en el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra y ha reclamado explicaciones sobre este asunto a la directora del patronato que gestiona el recinto nazarí, María del Mar Villafranca.

A preguntas de los periodistas, el portavoz del equipo de gobierno, Juan García Montero (PP), ha lamentado que "todas las cuestiones vinculadas con el PSOE estén enganchadas de alguna forma" a escándalos de posible corrupción en los que "las cuentas no están claras", algo que ha tachado de "espeluznante".

De hecho, ha aludido a la posibilidad de que "en este contexto de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) irregulares; de los fondos de formación y de la supuesta venta fraudulenta de entradas de la Alhambra, al final no vaya a parar todo al mismo río que recoge ese caudal de mala gestión".

"No puedo entender que haya una voluntad de encubrir políticamente este asunto cuando debemos facilitar al máximo las investigaciones judiciales", ha dicho García Montero, quien ha advertido de que la responsabilidad política de este "escándalo" es de quien "tiene la obligación de tutelar el control de la venta de entradas y no lo ha hecho", lamentado que no se pida disculpas ni se den explicaciones.

El también concejal de Cultura ha vinculado este supuesto fraude con el hecho de que el Patronato no quiera destinar un porcentaje de la entrada de la Alhambra a financiar el patrimonio del barrio del Albaicín, mostrando sus "dudas" de que esta negativa se deba a que no quieran que desde la entidad local se controle el número de entradas que se venden.

A su juicio, la directora del Patronato de la Alhambra debería dar "todos los datos de la investigación que se llevó a cabo en el seno del Patronato de la Alhambra" y ha condicionado a las explicaciones que ofrezca la petición de su dimisión.

REACCIÓN CONJUNTA

Por su parte, el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, se ha preguntado "dónde están los millones de euros perdidos" con el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos a la Alhambra, que ha pedido que deje de ser "una sucursal del PSOE sevillano".

Pérez ha considerado que este caso, con un total de 77 imputados, es un "escándalo monumental" y ha aprovechado la ocasión para volver a reclamar más presencia granadina en los órganos de gestión del recinto nazarí. "Yo quiero que esté gestionada por los granadinos, y que cree riqueza", ha indicado el presidente del PP granadino, quien ha indicado que esa petición no "ataca" al monumento, sino que es una "crítica" al PSOE de Sevilla.

"Hacen lo que quieren, como quieren e impunemente", ha señalado Pérez, que ha considerado que si una administración gobernada por el PP tuviera entre sus filas a los mismos imputados y las mismas penas de cárcel que la Fiscalía de Granada reclama para los acusados por esta trama delictiva "no podría salir de la sede".

Pérez ha preguntado "dónde están los millones de euros que se han perdido" con el fraude de las entradas, o dónde la inversión destinada a la presa de Rules, las de los cursos de formación a la de los ERE irregulares.

CASO 'ALHAMBRA'

Estas declaraciones se producen después de que este miércoles se hiciera público el escrito de acusación de la Fiscalía para el llamado 'caso Alhambra', en el que solicita penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 acusados.

Concretamente, les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida --o subsidiariamente un continuado de estafa--; otro continuado de falsedad en documento mercantil; y finalmente un delito continuado de daños al patrimonio histórico artístico.

Para diez de ellos pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos y por los daños materiales causados por los excesos de aforo.