El presidente del Parlamento pide respeto a la separación de poderes
El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha manifestado este jueves que la institución no ha recibido ningún auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, donde la juez Mercedes Alaya instruye el caso de las irregularidades en ERE, y ha garantizado que cuando lo reciba, se enviará a la magistrada "la información que solicita", porque siempre se ha colaborado con la administración judicial.
Gracia se ha pronunciado así en un comunicado después de que ayer se conociera un nuevo auto de la juez Alaya en el que demanda los diarios de sesiones del Parlamento de la sesión plenaria en la que se aprueben los presupuestos anuales entre 2001 y 2010; los diarios de sesiones de la Comisión de Economía y Hacienda en este mismo marco temporal, y la "acreditación" de que la Consejería de Hacienda y Administración Pública "haya remitido al Parlamento, con la periodicidad trimestral que exigen las distintas leyes de presupuestos, los expedientes de modificaciones presupuestarias del programa 31.L de la Consejería de Empleo, desde el año 2000 hasta la actualidad".
El presidente del Parlamento ha insistido en que "no ha llegado ese escrito de la jueza pero, como siempre, este Parlamento demostrará una vez más su colaboración con el poder judicial". Ha recordado que el Juzgado de Instrucción número 6 ya solicitó en su día el dictamen de la comisión de investigación sobre el caso de los ERE y así se le remitió "de inmediato".
Asimismo, Manuel Gracia ha aprovechado para recordar que es "un principio básico del Estado de Derecho el respeto a la separación de poderes que el Parlamento de Andalucía extrema en su relaciones con el poder judicial". "Igual respeto institucional entiende que debe recibir en sus relaciones con el poder judicial", ha expresado.
Ha señalado que esa es, por ejemplo, la misma línea defendida por la Fiscalía Anticorrupción en su recurso de apelación a dicho auto, donde considera "inoperante la investigación" decidida por Alaya, en aplicación de lo previsto en el artículo 101 del Estatuto de Autonomía, y entiende que la Intervención General "no tiene ni competencias ni funciones sobre la labor encomendada a las Cámaras legislativas, ni estatal ni autonómicas, estando dicha materia fuera del ámbito de competencias y funciones definidos" en el artículo 11 del Real Decreto 256/2012 de 27 de enero por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En cualquier caso, Gracia ha recalcado que "una vez que se reciba el auto, se encargará a los Servicios Jurídicos del Parlamento que estudien las actuaciones de carácter jurídico o procesal pertinentes tras el análisis de dicho escrito del juzgado".
