El PSOE afirma que la futura Ley de Parques Nacionales abre la puerta a la especulación urbanística en los municipios de Sierra Nevada
El PSOE de Granada ha denunciado esta mañana que la futura Ley de Parques Nacionales, que está en tramitación parlamentaria, abrirá la puerta a la especulación urbanística en los municipios que integran el Parque Nacional de Sierra Nevada. Así lo ha afirmado la diputada y secretaria de Organización del PSOE, Elvira Ramón, quien ha comparecido junto al también diputado y secretario de Sostenibilidad y Medio Ambiente del PSOE-A, Antonio Pradas, y al ponente de la Comisión Socioeconómica del Espacio Natural de Sierra Nevada y alcalde de Soportújar, José Antonio Martín Núñez, para informar sobre los efectos de la normativa aprobada por el PP en los parques nacionales de Andalucía, y más concretamente, en Sierra Nevada.
Según la diputada socialista, “la nueva ley ignora el desarrollo integral de los municipios que conforman el Parque Nacional de Sierra Nevada, cuyos ayuntamientos han visto cómo el Gobierno central del PP ha eliminado en los últimos años ayudas de impulso a la economía y a las infraestructuras de estos municipios”. En este sentido, ha señalado que los 44 municipios que integran el Parque Nacional de Sierra Nevada han recibido más de 12 millones de euros desde 2005. “La supresión de las ayudas en 2013 y 2014 ha supuesto una pérdida de más de tres millones de euros para esos municipios”, ha precisado.
“El proyecto de ley del Gobierno convierte en urbanizables los parques nacionales”, ha subrayado para destacar que la normativa plantea la posibilidad de aprobar usos urbanísticos en el interior de estos espacios, “algo que resulta una contradicción frontal con la figura de protección que representan y un atentado contra los intereses ambientales”. La representante socialista ha indicado que la ley, además, vulnera varios artículos del Estatuto de Autonomía, que regulan competencias exclusivas de la comunidad autónoma en desarrollo rural, protección del medio ambiente en relación a la ordenación del territorio, espacios protegidos y sostenibilidad.
En su opinión, “la nueva normativa rompe el consenso de la Ley de Parques Nacionales actualmente en vigor, imponiendo un modelo obsoleto que defiende, una vez más, intereses mercantilistas privados en relación a futuros usos permitidos en estos espacios”.
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del PSOE de Andalucía, Antonio Pradas, ha incidido en las consecuencias nefastas de la retirada de las ayudas en un espacio como el de Sierra Nevada, que recibía la mayor participación de los 15 parques nacionales del país. En concreto, el dirigente socialista ha detallado que un 23,6 por ciento de las subvenciones, prácticamente uno de cada cuatro euros, iban a los municipios de este entorno con cantidades que oscilan entre los 1,4 millones y los 1,8 millones de euros, que se han dejado de percibir.
Pradas ha recordado la importancia del Parque Nacional de Sierra Nevada por su valor medioambiental, de desarrollo, cultural e incluso económico, fomentado de manera equilibrada gracia a la Ley de Parques de 2007, que se sustentaba en el consenso “de todos”. Por ello, a juicio del representante socialista, existen “intereses particulares”, como ya se ha vivido con la finca Almoraima, que empujan al PP a modificar esta legislación, a la que el PSOE ya ha presentado una enmienda a la totalidad en su tramitación.
El dirigente socialista ha señalado que el Consejo de Estado cuestiona la constitucionalidad de hasta 22 artículos y dos disposiciones adicionales de la reforma del PP. “Es una ley que ya nace tocada de constitucionalidad y constituye herencia envenenada de Arias Cañete”, ha indicado.
El representante socialista ha afirmado que la ley choca además con tres artículos del Estatuto de Autonomía andaluz y ha ignorado la opinión de los municipios afectados. “Es una ley que se ha hecho a espaldas de la ciudadanía y de los representantes del pueblo”, ha añadido. Pradas ha animado al Gobierno de la Junta a que estudie con lupa el articulado de la normativa, al entender que es inconstitucional. “Creemos que el medioambiente puede estar también al servicio del desarrollo económico y social de los territorios, pero no beneficiando determinados intereses a espaldas de los auténticos beneficiarios, que deben ser los territorios donde están esos espacios”, ha destacado para recordar que la Junta viene trabajando en un proyecto de ley de espacios protegidos, que se pone “patas arriba” con la nueva legislación del Ejecutivo central.
Por su parte, el alcalde de Soportújar, José Antonio Martín, ha afirmado que la llegada del Gobierno de Rajoy constituyó “el principio del fin” de la llegada de ayudas a las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales, “una decisión que pagan los vecinos y el tejido social de todos los municipios, independientemente del color político”, ha asegurado. Por ello, ha criticado que queden abandonadas estas áreas a su suerte.
Ha recordado que las ayudas iban destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos, a modernizar las infraestructuras, a fomentar el empleo local o a proteger el patrimonio natural y arquitectónico, entre otras. “Nos hemos estrellado con el muro de la insensibilidad”, ha afirmado para añadir que el Gobierno central responde a este clamor con oídos sordos. A su juicio, la desaparición de las ayudas responde a una “cuestión política” y condena a estas áreas “al estancamiento, a la despoblación y al deterioro de todos los objetivos de las subvenciones, esto es, el desarrollo, la imagen positiva, el conocimiento o la calidad de vida.
