El PSOE de Granada pide reducir el número de peonadas exigidas para cobrar el PER a los trabajadores afectados por la sequía

El grupo provincial socialista presentará una moción al pleno de la Diputación en la que insta al Gobierno de España a poner en marcha un programa extraordinario de fomento del empleo agrario

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Un agricultor trabaja en su campo
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El grupo socialista de la Diputación presentará una moción al próximo pleno de la corporación provincial para pedir la reducción del número de peonadas exigidas para cobrar el PER a los trabajadores del campo afectados por la sequía. En la iniciativa, que ha dado a conocer esta mañana la diputada provincial socialista Fátima Gómez, el PSOE subraya que la sequía del último año que ha sacudido al olivar “va a perjudicar a los trabajadores eventuales del campo que, además de sufrir los efectos de la crisis, padecerán la dramática disminución de jornales en el olivar en la inminente campaña oleícola”.

Por ello, según ha explicado la diputada Fátima Gómez, el grupo socialista va a plantear que la Diputación inste al Gobierno de España para que proceda a la eliminación o reducción de jornales para acceder a la prestación del subsidio agrario por parte de los trabajadores del campo. También solicita que la institución inste al Gobierno para que de manera inmediata ponga en marcha un programa extraordinario de fomento del empleo agrario especial que ayude a Andalucía y promueva jornales para los eventuales del campo.

En la misma iniciativa, el grupo socialista reclama que la Diputación inste al Ministerio de Fomento y Seguridad Social a que, “de manera extraordinaria y para este año, permita que los trabajos y jornales de los programas de ayuntamientos y de la Diputación computen para percibir el subsidio y renta agraria a los trabajadores a los que pudieran serles necesarios”.

AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Además de esta iniciativa, el grupo provincial socialista presentará una moción al pleno para reclamar al Gobierno del PP a restaurar las subvenciones que eliminó y que estaban destinadas a la contratación de los Agentes Locales de Promoción de Empleo (Alpes). Según ha señalado la diputada Fátima Gómez, en la iniciativa, el PSOE solicita que el Gobierno “acredite y dote financieramente al Programa de Fomento de Desarrollo Local y, en concreto, el apartado de subvenciones para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local”. “También pedimos que el Gobierno andaluz continúe con la mesa de trabajo conjunta con los representantes de los Alpes para concretar el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo”, ha añadido la diputada provincial socialista.

Fátima Gómez ha recordado que los agentes locales de empleo se han visto en la calle por “voluntad exclusiva del Gobierno de Rajoy, que suprimió la financiación para su contratación, desmantelando así el servicio que venían prestando en la difusión y promoción de las políticas activas de empleo en el ámbito local”. La representante socialista ha lamentado la “instrumentalización y oportunismo político” que el PP de Granada está llevando a cabo con la situación de los Agentes Locales de Promoción de Empleo. “El PP va a tener la oportunidad de retratarse en el pleno y demostrar que le preocupa el colectivo, pero nos tememos que hará lo mismo que hizo en el Parlamento andaluz porque su único objetivo es sacar rédito político de la situación laboral del colectivo”, ha indicado Gómez.

RECUPERACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 

Además, el grupo socialista de la Diputación presentará otra moción al pleno de la Diputación para pedir al Gobierno del PP que mantenga el Instituto de la Mujer como organismo autónomo especializado en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Según ha explicado Fátima Gómez, esta iniciativa se presenta después de que el pasado 16 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado decretara que el Instituto de la Mujer pasara a denominarse “Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, diluyendo las funciones que tenía encomendadas desde que nació como organismo autónomo, en 1983, restándole capacidad de acción frente al resto de entidades públicas y asignándole la responsabilidad de las políticas contra la discriminación de personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social”.

“El Gobierno del PP ha decidido acabar con el único organismo especializado en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, ha afirmado Fátima Gómez, quien ha considerado que con esa decisión, el Ejecutivo de Rajoy “desatiende, reduce y relega a las mujeres, y sus necesidades al rincón del olvido”. Según la diputada, lo que ha hecho el PP es un “parche” para evitar que la Unión Europea le llame la atención por no cumplir con lo establecido en materia de no discriminación e igualdad de trato.

En su opinión, “el PP no quiere entender que en materia social, se trata de ampliar derechos, de intensificar esfuerzos y de aumentar garantías y no de reducir derechos y fragmentar los escasos recursos existentes para evitar posibles reprimendas”. Por ello, según ha explicado Fátima Gómez, el PSOE reclama que el Gobierno le devuelva al Instituto de la Mujer la capacidad de acción que antes tenía, centrada en la igualdad entre hombres y mujeres para coordinar las políticas de igualdad con el resto de ministerios y organismos públicos y para realizar el seguimiento de toda la legislación relativa a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

El grupo provincial socialista también exige en su iniciativa que el Gobierno aumente la dotación presupuestaria del Instituto de la Mujer “con el objetivo de que pueda seguir ocupándose de temas tan prioritarios como son la erradicación de la violencia de género, el empleo, la educación no sexista o la trata de personas con fines de explotación sexual”, ha precisado la representante del PSOE.

Además, según Fátima Gómez, el PSOE pide en la moción que desde el Instituto de la Mujer se siga apostando por el trabajo conjunto en colaboración con las autonomías y entes locales y que se tramite la Ley Integral de Igualdad de trato para “que el valor de la igualdad vaya más allá de su reconocimiento legal”.