El PSOE exige al Gobierno que derogue las tasas judiciales

El grupo parlamentario socialista por Granada ha exigido este domingo al Gobierno central que derogue las tasas judiciales, que retire el proyecto de ley de justicia gratuita y que mantenga todos los partidos judiciales de la provincia, la mayoría de los cuales pretende eliminar a través de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial.

La diputada socialista y vocal en la Comisión de Justicia del Congreso Elvira Ramón ha denunciado que las tasas judiciales son “desproporcionadas e inconstitucionales” y resultan totalmente “injustas y abusivas”. “El Gobierno ha impuesto una justicia para ricos, que no va a aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales, que discrimina y que supone una barrera económica contra la igualdad”, ha afirmado.

La diputada socialista ha incidido en que esta iniciativa del PP condiciona el ejercicio del derecho a la justicia. De hecho, ha recordado que recurrir una multa de tráfico puede suponer una tasa de 100 euros; reclamar a un moroso entre 100 y 1.200 euros si se llega al Supremo; denunciar al banco por el timo de las preferentes hasta 900 euros; y un recurso por despido hasta 500 euros. “Las tasas restringen el acceso de la ciudadanía al servicio público de Justicia por cuestiones económicas, afectando de forma muy significativa a gran parte de la ciudadanía y a quienes no pueden beneficiarse de la justicia gratuita y no disponen de grandes recursos ni rentas para defender sus derechos”, ha asegurado.

La representante socialista se ha referido además al ataque a los derechos fundamentales que supone también el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que deja fuera del sistema a los inmigrantes sin papeles y endurece las condiciones económicas para acceder al mismo.

“No puede vincularse el ejercicio de un derecho fundamental de unos con cargo al ejercicio del mismo derecho por otros, sino que debe ser un servicio sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, ha indicado Ramón, quien ha asegurado que esta normativa supone un claro retroceso para los sujetos pasivos de esta ley cuando determina qué ciudadanos son los que tendrán derecho a acceder al servicio público en condiciones de gratuidad.

Además, según ha explicado la diputada socialista, se endurece la tramitación, imponiendo condiciones de difícil cumplimiento como identificar los servicios que va a precisar del letrado o la ratificación en segunda instancia, algo imposible en la práctica para la mayoría de los casos penales dada la difícil localización del cliente por parte del letrado.

“El proyecto constituye no solo un instrumento de desincentivación del uso de este servicio, sino que aumenta innecesariamente las obligaciones de los abogados, a los que reducen sus honorarios, haciendo recaer en los mismos cualquier disfunción del sistema, y maltratando con ello al servicio público y a los letrados que lo prestan”, ha agregado.

Por último, Elvira Ramón ha asegurado que la propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial significa otro paso más hacia el desmantelamiento de la justicia como servicio público al eliminar los partidos judiciales y encarecer los procesos. A su juicio, esta medida supone centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, algo que es contrario al derecho a la tutela judicial.

Este anteproyecto apuesta por la creación de Tribunales de Instancia de ámbito territorial provincial, que asumirán todas las competencias actuales de los juzgados, despareciendo así prácticamente los partidos judiciales y, con ello, decenas de órganos judiciales. “Rechazamos una propuesta que, tal como está planteada, supondrá un alejamiento y un encarecimiento de la justicia para los ciudadanos y el consiguiente colapso de la administración de justicia”.

Para Elvira Ramón, las iniciativas del Gobierno no van a arreglar ninguno de los principales problemas que aquejan a la Administración de Justicia, ni va a resolver la altísima litigiosidad de Andalucía, ya que esto no puede hacerse a costa de “excluir de este servicio público a una parte importante de la ciudadanía”. “Son contrarreformas ideológicas y revanchistas que recortan el acceso universal a la justicia y acaban con el derecho a la tutela judicial efectiva”, ha concluido.