El PSOE señala que el Gobierno "castiga a los estudiantes granadinos y deniega más de 600 becas"
Desde 2012 en adelante los recursos para estas ayudas han descendido a nivel general en unos 270 millones de euros y la cuantía media de estas ayudas se ha rebajado en torno a los 600 euros
El diputado en el Congreso por Granada, Gregorio Cámara, ha denunciado este martes que el Gobierno del PP "castiga a los estudiantes granadinos y deniega más de 600 becas" en estudios de nivel no universitario desde el último Gobierno del PSOE y hasta el curso pasado.
Según ha explicado en una nota de prensa el representante socialista, "el desmantelamiento del sistema de becas en los estudios de bachiller y formación profesional, entre otros, por parte de Rajoy durante sus años de Gobierno, ha dejado sin ayudas a muchos estudiantes en los momentos más críticos de la crisis, jóvenes que posiblemente no puedan cursar sus estudios por falta de recursos".
Así, el diputado socialista ha denunciado que "durante estos años de Gobierno del PP, y por primera vez en treinta años, se ha recortado abruptamente el gasto global en educación y se han venido haciendo previsiones sucesivas a la baja para años venideros".
"El descenso para becas, en particular, ha sido histórico", ha aseverado. Desde 2012 en adelante los recursos para becas han descendido a nivel general en unos 270 millones de euros y la cuantía media de estas ayudas se ha rebajado en torno a los 600 euros, además de haberse establecido un notable endurecimiento de los requisitos académicos para obtenerla.
Para Cámara, "esto supone un atentado contra el principio de igualdad de oportunidades, porque el PP exige más a los que menos tienen" y ha reiterado que el PSOE defiende que el derecho a las becas sea un derecho subjetivo para que todos aquellos que tengan derecho a una beca puedan acceder a ella.
"Más allá de la derogación de la LOMCE y de la mejora de la normativa universitaria, tenemos la obligación de establecer un sistema educativo que sea el fruto de un acuerdo entre las principales fuerzas sociales y políticas, de la mano de la comunidad educativa, que sea estable, de calidad comparable a los más avanzados países de nuestro entorno, inclusivo, respetuoso de la equidad y de la igualdad de oportunidades, adecuado a nuestras necesidades, dentro del marco del consenso de la Constitución", ha señalado.
