El servicio de atención inmediata a víctimas de agresiones sexuales del IAM atiende a más de 30 mujeres en el primer semestre
Este programa, que se activa a través del número 900 200 999 de la Junta de Andalucía, ha recibido hasta junio 12 avisos más que en 2018
Gabinete
El Servicio municipal de atención telefónica inmediata contra la violencia sexual en Andalucía del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha atendido a 35 mujeres hasta junio, 12 más que en los últimos nueve meses del pasado año, puesto que el recurso se puso en marcha en abril de 2018. Este programa, que se activa a través del Teléfono de Información a las Mujeres 900 200 999, es gratuito, anónimo, confidencial y da cobertura a las víctimas durante las 24 horas los 365 días del año con un equipo de más de 40 profesionales que dan, vía telefónica, atención psicológica especializada e inmediata y se desplazan para atender de manera directa a las mujeres en caso necesario.
Por provincias, se han recibido 11 llamadas en Sevilla; 5 en Cádiz, Granada y Málaga; 4 en Huelva; 2 en Almería y Córdoba; y 1 en Jaén. Asimismo, ha sido necesario llevar a cabo una intervención presencial en Almería, Córdoba, Huelva y Málaga.
El perfil de las víctimas que recurrieron hasta junio a este servicio del Gobierno andaluz refleja el de una mujer de entre 26 y 45 años (57%), siendo mayoritaria la franja de edad entre 36 y 45 años (34%); del ámbito rural (57%), que ha sido agredida por una persona conocida por ella (54%); de manera puntual (82%); y bajo sumisión química (77%). Los días que más llamadas se reciben son los lunes (26%) y martes (23%) entre las 14 y 18 horas (29%). El 92% de las violaciones son fruto de un único agresor sexual.
Una vez que las mujeres son atendidas de manera inmediata, las víctimas son derivadas al Servicio de asesoramiento jurídico, asistencia legal y atención psicológica a mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales. Desde el ámbito jurídico, el programa ofrece asesoramiento legal, acompañamiento en la denuncia, asistencia letrada y acusación particular en los procedimientos penales, así como la solicitud de medidas de protección y la tramitación de ayudas públicas a las víctimas.
