El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía pide la dimisión de Juan García Montero, alcalde en funciones de Granada
Quieren que dimita por su papel en el "fraude" de oposiciones a dicho cuerpo realizadas en el año 2007
El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía, a través de su Comité Ejecutivo Local de Granada, ha exigido este sábado la "dimisión" del actual alcalde en funciones de la ciudad, Juan García Montero (PP), por su papel en el "fraude" de oposiciones a dicho cuerpo realizadas en el año 2007.
En un comunicado, el citado sindicato ha expuesto que existe actualmente "un grave malestar en la Policía Local de Granada, pues, tras la realización de las oposiciones para subinspector en el año 2007, y tras la denuncia de uno de los opositores por fraude y filtración de los exámenes, los juzgados le han dado la razón a éste en varias ocasiones, tanto en la vía penal --señalando que ha sido el tribunal o miembros de éste quien han realizado la filtración, no pudiendo precisar quién ha sido de entre el tribunal--, pronunciándose a su favor también el TSJA, como en la vía contenciosa-administrativa hace escasamente unos días, sentenciando claramente la filtración y corrupción en los exámenes".
Según agrega, "el actual alcalde en funciones, Juan García Montero, que fue el presidente de dicho tribunal de oposición, debería haber velado para que esas oposiciones hubieran sido transparentes", pero en cambio "incumplió claramente con las obligaciones de su cargo, sin realizar por su parte declaraciones o acciones de ningún tipo en relación al fraude en la oposición".
Por ello, desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (Sipan) piden "su dimisión inmediata, en aras de velar por la honorabilidad del cuerpo de Policía al cual representamos, sobre todo para evitar que si se vuelven a repetir las oposiciones por la anulación judicial de las anteriores, no vuelva
a repetirse el mismo tribunal que no veló por el buen desarrollo de ésta, incumpliendo claramente sus obligaciones".
Además, el sindicato apunta que "la situación se hace insostenible, pues se deben los servicios extraordinarios a la Policía Local prolongaciones de servicio y asistencias a juicios desde julio del año 2014, y no existe una ruta de pago para estos servicios, ni para la paga extraordinaria que el gobierno quitó a los funcionarios del año 2012 (50%), por lo que la deuda aumenta día tras día sin liquidar nada, sin pronunciarse al respecto ni la delegada de la Policía, la concejal María Francés, ni el concejal de Economía, Francisco Ledesma".
