El Supremo confirma condena de cinco años de prisión para exinterventora de Cortes de Baza
Cuando fue juzgada en la Audiencia Provincial, que malversó fondos públicos, engordando su propia nómina y haciendo transferencias de fondos municipales a sus cuentas por más de 200.000 euros para ayudar a la empresa de su marido
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cinco años y tres meses de prisión a quien fuera secretaria-interventora interina del Ayuntamiento de Cortes de Baza, quien admitió, cuando fue juzgada en la Audiencia Provincial, que malversó fondos públicos, engordando su propia nómina y haciendo transferencias de fondos municipales a sus cuentas por más de 200.000 euros para ayudar a la empresa de su marido, que en ese momento estaba atravesando dificultades económicas.
La exsecretaria-interventora fue condenada por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, por el que la Audiencia también fijó una indemnización en concepto de responsabilidad civil que en parte anula el Tribunal Supremo, en virtud del recurso de casación presentado por la condenada.
Así, según consta en la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso Europa Press, no existe "nexo causal" entre el delito y los intereses y recargos de la deuda contraída por el Ayuntamiento con la Agencia Tributaria, un total de 118.921 y 113.553 euros por impago de las cuotas del personal laboral, y la no presentación de autoliquidaciones por retención del IRPF del personal.
En el juicio celebrado en julio de 2016 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, la Fiscalía mantuvo su petición de pena para la procesada por nueve años y ocho meses de prisión, multa de 10.800 euros, inhabilitación absoluta por ocho años y diez meses e inhabilitación especial por cinco años por un posible delito continuado de malversación de caudales públicos y otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
En la causa también estuvo acusado su marido, para el que el fiscal reclamó un año y medio de prisión por un posible delito continuado de receptación, del que fue absuelto.
La cantidad sustraída total alcanzó el importe de 212.425 euros, aunque fueron devueltos 136.027 a fecha 26 de junio de 2014.
"No sé por qué se me ocurrió y empecé a hacer las transferencias, siempre con la idea, que mantengo en la actualidad, de devolver el dinero", dijo ella, a la par que reconoció que aumentó la nómina que cobraba y que además realizó transferencias a sus cuentas en función de las "necesidades que iban surgiendo a la empresa de su marido".
Según afirmó, así actuó hasta 2012, sin contarle a su esposo de dónde procedía el dinero, pues sólo le informó de que era de la familia. Sí le dio más detalles de una transferencia a sus cuentas de 26.000 euros, que le aseguró que procedían de un acuerdo con el Ayuntamiento, al que le devolvería los fondos cuando vendieran unos terrenos de herencia de su padre.
"Confesé al Ayuntamiento, lo he reconocido desde primera hora y nunca quise enriquecerme", señaló esta mujer, que explicó que ella no alteraba documentos, sino que sólo introducía órdenes de pago que no le correspondían, algo que se descubrió tras una auditoría realizada por CajaGranada. Fue entonces cuando buscó a un compañero y redactó un documento en el que se reconocían los hechos. Tras aquello, según indicó ante el tribunal, se tuvo que ir de Andalucía, con la intención de buscar trabajo para devolver lo malversado.
Según la acusación del Ministerio Público, entre febrero del año 2009 y marzo del año 2013, la procesada, en su condición de secretaria-interventora interina de la corporación municipal del Ayuntamiento de Cortes de Baza sustrajo, "con ánimo de enriquecimiento injusto y para atender fundamentalmente las necesidades de liquidez de la empresa" en la que es el administrador único su marido, fondos o cantidades del erario de la entidad local.
Lo hizo mediante dos formas: la manipulación de las órdenes de pago de los salarios de los funcionarios municipales o mediante la realización de distintas transferencias de la cuenta del Ayuntamiento a las de los dos procesados.
En cuanto al primer método, la secretaria, antes de presentar las órdenes de pago a la entidad pagadora, cambiaba el primer folio y lo sustituía por otro en el que cada mes o bien se duplicaba la partida que le correspondía o bien añadía a la misma una segunda cantidad incrementando de esta manera el importe del salario que debía cobrar.
También realizó, según mantuvo la Fiscalía, transferencias (al menos seis) de distintas cantidades desde la cuenta que el Ayuntamiento tenía abierta en una entidad financiera a otras de titularidad de los dos acusados, si bien inicialmente se ocultó esa titularidad haciendo constar en su lugar como beneficiario el nombre del Ayuntamiento de Cortes de Baza.
