El Supremo confirma la pena de once años de cárcel a Antonio Camacho
Manrique Pascual
El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 11 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, por delitos de apropiación indebida y falsedad documental por el "agujero" patrimonial de 87,99 millones de euros provocado en la agencia de valores, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.
El Alto Tribunal absuelve a "la Caixa" como responsable civil subsidiario al estimar su recurso de casación y limita la responsabilidad de Caja Madrid Bolsa, que tendrá que hacer frente al dinero de los clientes de Gescartera que pasó por sus cuentas, cuya cantidad se fijará en ejecución de sentencia pero podría alcanzar los 26,37 millones de euros, según lo cifrado por el fiscal durante el juicio.
Asimismo, el Supremo confirma la condena impuesta al "número dos" de Camacho, José María Ruiz de la Serna, de 10 años y medio de cárcel, la del apoderado Francisco Javier Sierra de la Flor, que fue condenado a seis años de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida, y la de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con una pena de tres años y seis meses de cárcel por complicidad en delito continuado de apropiación indebida.
El fallo absuelve al responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, de la condena de 9 años de prisión por los mismos delitos, y al asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, que fue condenado a 10 años y medio de cárcel.
El tribunal absuelve también a los empleados de "la Caixa" José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats de la pena de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional como cómplices de apropiación indebida.
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Supremo estudió los 22 recursos de casación presentados contra el dictamen de 27 de marzo de 2008 de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.
La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente. Ambos dimitieron.
