El teleférico de Granada a Sierra Nevada regresa doce años después de ser desechado

La semana pasada, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, formado por Partido Popular y Ciudadanos, anunció una batería de ochenta medidas que pretende poner en marcha con el objetivo de "construir la Granada del futuro".

Entre ellas figura una que seguro que le sonará a cualquiera que sea de Granada o lleve viviendo aquí más de una década: la construcción de un teleférico que conecte la capital con la estación invernal de Sierra Nevada. Saldría de unos terrenos muy próximos al estadio Nuevo Los Cármenes, en el Zaidín, y finalizaría el trayecto en Pradollano tras recorrer una distancia de 19 kilómetros. Sería, de concretarse la obra, del teleférico con mayor recorrido de cuantos existen en el mundo.

La obra, para la que inicialmente se estima un presupuesto de 150 millones de euros, la promueve un grupo empresarial que entiende que es perfectamente viable y que, de hecho, ya mantuvo contactos con el anterior alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca, para presentar el proyecto. Cuenca, según algunas fuentes, no se negó tajantemente a su ejecución.

El teleférico fue una de las iniciativas estelares del programa electoral del PP para las últimas municipales. Ciudadanos también dijo que la veía con buenos ojos. Ahora que gobiernan juntos, no parece haber trabas. O al menos no las que hubo en su momento.

Regreso al pasado

Toca volver a 2007, en concreto al mes de octubre. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central (presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero) rechazó la construcción de un teleférico basándose fundamentalmente en un informe de la Dirección de Parques Nacionales que resaltaba que "la actuación proyectada resulta incompatible con el logro de los objetivos del Parque Nacional". Agregaba el informe que "se trata de una propuesta de interés privado, no responde a una demanda social y no contribuye a aminorar las tensiones ambientales de la zona".

En términos igual de contundentes, o puede que más, se pronunció en enero de 2018 la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, dirigida también por el PSOE. En su resolución argumentaba que, desde el punto de vista de la movilidad, el proyecto "no supone una alternativa competitiva con el vehículo privado, al reducir el tráfico que actualmente circula por el viario en un seis por ciento, en el mejor de los casos", con lo que desmontaba la teoría del grupo empresarial UCOP, que era el que estaba detrás de la idea.

Es más: según la Dirección General, los tiempos de recorrido del teleférico y los costes para el usuario "tampoco hacen prever una reducción significativa del uso del vehículo privado"; por lo que "desde la óptica del transporte público regular de viajeros, el proyecto presentado no puede considerarse alternativo y competitivo al vehículo privado por el viario de la A-395".

En mayo de 2008, y como respuesta a un recurso de alzada de los promotores, la misma Dirección General de Transportes reiteró su negativa e insistió en que no apreciaba "su necesidad, conveniencia ni utilidad pública". Asimismo, mencionaba que la declaración de impacto ambiental ya había establecido que el teleférico "comporta un impacto muy severo" sobre el espacio de Sierra Nevada, un área especialmente protegida en la que conviven un Parque Nacional y un Parque Nacional y que es, también, Reserva de la Biosfera. En ese punto, el del "impacto severo", se había pronunciado también la Unesco.

De vuelta

Esa decisión de la Junta puso fin a la vía administrativa, pero continuaba abierta la judicial. Y en marzo de 2014, la situación dio un vuelco cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió una sentencia por la que avalaba el proyecto de los empresarios. Su fallo anulaba la resolución de la Dirección General de Transportes de la Junta y la declaración de impacto ambiental y ordenaba que las actuaciones se retrotrajeran al momento justo anterior al que se adoptaron. En otras palabras, el teleférico volvía a tener vía libre.

Con argumentos como él siguiente: "Este tipo de actuaciones no están prohibidos en espacios protegidos y existen teleféricos instalados incluso en el interior de parques nacionales, como le de las Cañadas del Teide o en los Picos de Europa". O como este otro: el estudio que presentó la empresa contenía "datos exhaustivos y convincentes" sobre los efectos de reducción del tráfico rodado que conllevaría la nueva infraestructura.

A raíz de esa sentencia, el grupo popular en el Parlamento de Andalucía presentó una propuesta en la cámara autonómica para pedir el apoyo de ésta al proyecto. Su parlamentaria Ana Vanessa García hizo hincapié en que, además de reducir el tráfico de vehículos, el teleférico "aumentaría en 40.000 personas los visitantes a la estación de esquí" y contribuiría "enormemente" a romper con la estacionalidad en Pradollano, que en consecuencia tendría más visitantes en verano.

Esa propuesta se rechazó porque votaron en contra PSOE e Izquierda Unida. Pero la situación, desde entonces, ha cambiado. La Junta, ahora, está presidida por el Partido Popular, que si suma a sus votos los de Ciudadanos y Vox tendría mayoría absoluta en una hipotética votación para autorizar ese apoyo expreso a la obra. Como tampoco parece haber cortapisas en el Ayuntamiento de Granada, donde en el pleno se da exactamente la misma situación (PP, Ciudadanos y Vox suman 14 concejales de un total de 27), el viejo proyecto gana enteros. A partir de ahí, el tiempo dirá.