El término 'gitano' a revisión de la RAE

La moción presentada por el Grupo Popular de la Diputación de Granada solicitando a la Real Academia Española de la Lengua (RAE) la revisión del término gitano en la última edición de su diccionario ha sido aprobada por unanimidad, como declaración institucional, en el pleno ordinario del mes de diciembre celebrado hoy con la presencia de representantes de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi y la Fundación Secretariado Gitano.

El presidente de la Institución Provincial, Sebastián Pérez, se ha congratulado de “haber sabido concitar estos encuentros que son los que nos está pidiendo a gritos la sociedad” y ha recalcado que el pueblo gitano de la provincia de Granada tiene en la Diputación “un gran aliado para que no se produzca ningún tipo de exclusión al mismo ni actitudes en sentido peyorativo ni despreciativo”.

Por su parte, la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha argumentado que la acepción utilizada por la Real Academia Española como alguien “que estafa u obra con engaño” es “negativa” y ha agradecido a los grupos políticos de la oposición la aprobación de esta propuesta, así como la presencia en el pleno a representantes de entidades que trabajan por la integración del colectivo gitano en la provincia.

La moción recoge que “el término gitano, unido al factor étnico en general, se asocia por desgracia en muchas ocasiones a espacios e ideas prejuzgadas que confluyen habitualmente en procesos de exclusión social hacia un amplio colectivo de nuestra población que defiende sus raíces y que lucha día a día por encontrar una integración plena en la sociedad granadina”.

Entre sus líneas también destaca la “estrecha y afecta vinculación” de la Diputación de Granada con colectivos gitanos y su participación en la Comisión Drom Gao Caló, desde la que se desarrollan numerosas actividades en colaboración con otras instituciones y asociaciones para evitar la “perpetuación de un estereotipo falso que ocasiona graves perjuicios” con el fin de lograr “el firme reconocimiento social” que merece el pueblo gitano, inmortalizado en la figura de Federico García Lorca.

“Hemos de abandonar prejuicios y estereotipos, hemos de trabajar en coordinación con los organismos y administraciones implicadas en la integración plena y, cómo no, tenemos la obligación de censurar cualquier comportamiento que atente contra la integridad de esta etnia que, como otras más, forman las raíces que sujetan este tronco que es la provincia de Granada”, concluye el texto.

En definitiva, esta declaración institucional solicita a la RAE la revisión de la acepción de la palabra gitano en la última edición de su diccionario “ya que desde la provincia de Granada entendemos que no refleja la realidad del término, hiere sensibilidades y genera prejuicios discriminatorios” hacia esta etnia.

Durante la sesión plenaria celebrada hoy, también se han aprobado por unanimidad dos mociones más presentadas por el Grupo Socialista. Una de ellas, “contra la pobreza energética y por la protección de los consumidores vulnerables”, cuya propuesta de acuerdo es la de “instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una Ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética”, sobre la que el equipo de Gobierno ha pedido un “aumento de las propuestas de acuerdo”.

En este sentido, la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas, ha señalado que la enmienda del Grupo Popular “tiene un carácter constructivo y de solidaridad con aquellas familias que están sufriendo realmente la pobreza energética y que no tienen en sus hogares las mínimas condiciones de habitabilidad”, y ha instado a la Junta de Andalucía a “cumplir con los compromisos adquiridos en su momento entre IU y PSOE”.

La moción “Principios de la declaración de Florencia y la cultura como elemento de cohesión social” recoge que “el pasado 4 de octubre, la Unesco aprobó la Declaración de Florencia, en la que se reconoce la cultura como parte del bienestar ciudadano y como un vehículo de desarrollo sostenible”, por lo que “es necesario trasladar desde los poderes públicos y las entidades locales la idea de que el acceso a la cultura es parte del bienestar, que su promoción es buena para el desarrollo económico y necesario para asegurar la cohesión social”.