El TSJA anula la tasa provincial de reciclaje de sólidos urbanos de Diputación

El presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena, ha convocado urgencia una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de Granada para “informar de la situación que se ha creado después de que el Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara todo el sistema de gestión del tratamiento de residuos sólidos urbanos aprobado por el anterior gobierno provincial”.

Así, recalcó entrena, “se ha citado a todos los alcaldes de la provincia para explicarle en qué situación estamos y cómo vamos a abordar, de manera conjunta, las posibles soluciones que podemos darle a un problema que afecta todos los ciudadanos de la provincia”.

SENTENCIAS DEL TSJA

El presidente de Diputación recordó que “esta es la segunda sentencia que llega del TSJA”: “La primera se produjo el pasado mes de julio, justo antes de mi toma de posesión. Aquí se anulaba la ordenanza reguladora de los servicios de reciclaje de residuos sólidos urbanos”.

Además, añadió, “en la segunda sentencia, hace cuatros días, se ha resuelto”:

-La Diputación de Granada no tiene potestad tributaria y no podía elaborar o imponer una ordenanza fiscal de ámbito provincial. La Diputación no tenía competencia para establecer la tasa de reciclaje.

-La potestad de establecer la tasas de esta servicio básico y obligatoria es exclusiva delos ayuntamientos.

-No se ajusta a derecho la forma en la que Diputación asumió la prestación del servicio, ni que ese servicio se financiara con una tasa de ámbito provincial.

En este sentido, matizó Entrena, “la sentencia anula absolutamente todo el sistema de gestión del tratamiento de residuos solidos urbanos de la provincia de Granada”: “El TSJA ha resuelto anular la ordenanza reguladora, la ordenanza fiscal que estableció la tasa, a la aceptación general de las encomiendas de gestión y el decreto por él que se acordó dar el servició por sustitución en los ayuntamiento que no aprobaron la encomienda de la gestión”.

Por este motivo, “teníamos previsto llevar a pleno la aprobación del servicio, pero tras este fallo judicial no podemos llevarla, porque no sería legal hacerlo”.

34€ POR TONELADA

El presidente de Diputación indicó que están trabajando en un plan financiero para la explotación: “Esta sentencia nos hace trabajar en un estudio económico de explotación del servicio que establezca el precio por tonelada, unos 34€ por tonelada. Teniendo como base el contrato que se ha firmado en fechas recientes del tratamiento de residuos. El precio del contrato se repercute entre el número de toneladas en la provincia y sale a 34€ por tonelada, que los ayuntamientos tendrán que pagar a Diputación.

Además, remarcó Entrena, “estamos trabajando también en qué instrumento jurídico adoptamos para el sistema d gestión, si volemos aun consortico como teníamos o si hacemos una figura nueva, una red intermunicipal para la prestación de este servicio público, que está prevista en la ley”. Pero “queremos comentarlo con los alcaldes y ver que opinan ellos”.

PLAZO 31 DE DICIEMBRE

El presidente socialista señaló que a los ayuntamientos les corre prisa decidir y adoptar esta medida: “La urgencia no viene para nosotros, sino para los ayuntamientos de la provincia, que tiene hasta el 31 de diciembre para modificar todas las ordenanzas municipales, establecer el servicio de reciclaje de residuos sólidos, incrementarlas, si así lo deciden sus corporaciones, teniendo en cuenta los parámetros económicos que les vamos a dar. Además, tienen un proceso administrativo que lleva una aprobación inicial en pleno, 30 días de exposición pública, y una aprobación definitiva”.

TIRÓN DE OREJAS AL PP

El José Entrena, de forma disimulada, quiso que “el anterior gobierno no obró bien”: “No queremos mirar atrás y recordar  que ya dijimos muchas cosas y muchas veces y dijimos lo que pensamos sobre la desaparición del consorcio provincial de residuos sólidos urbanos”.

Así, La justicia ha dicho lo que tenía que decir y nos toca a nosotros resolver el problema y  lo vamos a hacer de la mano de todos los ayuntamientos de Granada, con tres principios:

-Transparencia, los ayuntamientos tienen derecho a saber lo que pagan, de dónde bien hasta el último céntimo de esos 34 e.

-Participación, de los alcaldes en la toma de decisiones en la cogestión de este servicio público municipal.

-Garantizando la estabilizada financiera de la Diputación con el cobro de un servicio que prestaría la Diputación o el ente jurídico que conformemos.

En este último punto, el socialista se extendió: “La sentencia quita a Diputación la potestad regulatoria de aprobar una ordenanza. Quien tiene la competencia para regular lo que se cobra es el ayuntamiento, y puede haber ayuntamientos que decidan no cobrarla”.

Asimismo, “la ley lo que impide es la potestad regulatoria, no la potestad de cobrar el recibo. Diputación, a través del servicio provincial tributario, hace la gestión del cobro de muchos impuestos, por lo que se cobra un 3%. Podría la Diputación cobrarle directamente a los vecinos, pero no con la tasa que aprobó anteriormente Diputación, sino con lo que hayan aprobado los ayuntamientos.

Entonces “si los ayuntamientos  quieren delegar el pago, Diputación aceptaría la delegación del cobro. Si deciden pagar ellos directamente, también lo aceptamos, porque defendemos la independencia de los municipios”.

En conclusión, estableció Entrena, “Vamos a establecer las garantáis de que la Diputación, que tendrá que pagar todos los mese durante los 25 años a una empresa por el tratamiento de los residuos, va a cobrar por este servicio que se presta”.

CARÁCTER RETROACTIVO

El presidente de diputación aclaró que no se podrá reclamar los pagos realizados hasta el momento: “Cuando se trata de prestación de servicios publico obligatorios, salvo que la sentencia prevea carácter retroactivo, que no es el caso, no hay que devolver. Así me informan los servicios jurídicos de Diputación, por lo que no tenemos que devolver nada. Algo que se ve como razonable, porque el servicio se ha prestado. Diputación ya no tiene ese dinero, sino la empresa que ha dado el servicio, a la que no se le pude reclamar porque ha prestado su servicio”.