El TSJA avala el despido del profesor de Religión que fue detenido en el 'caso Romanones'
La institución avala la legalidad de la decisión de la administración en la que fue el propio Arzobispado de Granada el que le retiró la idoneidad o 'mission canonica' para impartir la asignatura de Religión tras su arresto
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha considerado ajustado a derecho el despido del profesor de Religión que fue detenido en el marco del 'caso Romanones', sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes en Granada, revocando así la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Granada que obligó a la Junta de Andalucía a readmitirlo.
En una resolución, de fecha 31 de marzo y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Alto Tribunal andaluz ha estimado el recurso planteado por la Consejería de Educación, y avala la legalidad de la decisión de la administración en la que fue el propio Arzobispado de Granada el que le retiró la idoneidad o 'mission canonica' para impartir la asignatura de Religión tras su arresto.
La Sala de lo Social del Alto Tribunal considera que en este caso no se produjo un despido, sino "una causa extintiva del vínculo jurídico existente" al revocar el Arzobispado la idoneidad del profesor para dar clases, ante lo que declara que la extinción de su relación laboral con la Junta fue "ajustada a derecho".
El profesor prestaba sus servicios en un instituto de Dúrcal (Granada), pero el 25 de noviembre de 2014, la Junta remitió un oficio al Arzobispado de Granada informándole de que había sido detenido "por orden judicial en calidad de imputado en el marco de una operación iniciada por una denuncia de abusos sexuales a menores, caso que ha tenido y sigue teniendo repercusión social y mediática a nivel nacional".
"Dada la gravedad de los hechos denunciados, absolutamente execrables, que han sido condenados directamente por el Papa (...) el citado profesor en la actual coyuntura no debería continuar ejerciendo su labor docente (...) por ello le traslado esta información a fin de someter a su consideración la inmediata sustitución de este profesor mediante la revocación de su declaración de idoneidad, decisión que corresponde al Arzobispado", rezaba el escrito.
Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Arzobispado retiró al docente la idoneidad que tenía para ser profesor de Religión y fue tras este paso cuando la Junta procedió a la extinción de su contrato, sin que existiese una sentencia condenatoria.
El Juzgado de lo Social 1 estimó en su día la demanda del profesor contra la Consejería de Educación y el Arzobispado de Granada y declaró la nulidad del despido, condenando a la administración autonómica a readmitirle y al abono de los salarios dejados de percibir desde que fuera despedido y una indemnización de 6.000 euros por los daños morales.
Sin embargo, el TSJA da finalmente la razón a la Junta de Andalucía, estima su recurso contra la sentencia de fecha 22 de julio de 2005 y la revoca, en una resolución contra la que cabe recurso de casación.
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada declaró en su día prescritos todos los delitos que se le imputaban a los 12 denunciados inicialmente --incluido el profesor-- excepto al considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., contra el que continúa la causa.
