El TSJA reconoce el plus de peligrosidad a los trabajadores de un centro de menores

El Tribunal Suprior de Justicia de Andalucía ha decretado que hasta nueve trabajadores del Centro de Menores Ángel Ganivet granadino tienen derecho al plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad, así como su abono correspondiente por parte de la Junta de Andalucía en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2015.

Esta sentencia fue dictada el 20 de septiembre y atiende las "reivindicaciones" de CSIF para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en el centro de protección Ángel Ganivet, que acoge a menores extranjeros no acompañados de entre 13 y 18 años, según detalla en una nota el sindicato.

El asunto afecta concretamente a cinco educadores de menores, una monitora, un oficial de cocina, una ayudante de cocina y un personal de servicio doméstico, para los que el plus reconocido por la Justicia se traduce en el 20 por ciento del salario base para cada trabajador, según su categoría profesional, y "supone más de 40.000 euros de multa para la Administración andaluza".

El presidente del Sector de Administración General de la Junta de CSIF Andalucía, Enrique Álvarez de Toledo, ha mostrado su satisfacción por esta sentencia "que de forma pionera defiende la dignidad laboral de los trabajadores de los centros de protección de menores, que están expuestos a un alto nivel de riesgo y que incluso se ven obligados a denunciar en comisaría comportamientos violentos por parte de los menores a los que deben educar, controlar y vigilar". A todo ello ha sumado "el riesgo de contagio de enfermedades procedentes de otros continentes" y alerta del caso de trabajadoras que por su condición de mujeres son menospreciadas por estos menores".

Por lo tanto, afirma que "es un plus justo que responde a unas condiciones negativas excepcionales y frente a las que la Administración no puede permanecer ignorante y debe tomar las medidas preventivas de seguridad e higiene oportunas para evitar los riesgos a los que se ve expuesto este colectivo en los centros de protección de toda Andalucía".

Por su parte, la responsable de Administración General de la Junta de CSIF Granada, María Teresa Merlo, asegura que "los incidentes en los dos centros de menores de la provincia, Ángel Ganivet y Bermúdez de Castro, son una constante con agresiones y amenazas que en la mayoría de los casos han sido puestos en conocimiento de la Justicia con el consiguiente respaldo a los trabajadores demandantes".

Además, Merlo denuncia que durante épocas como el pasado verano los centros de la provincia han llegado a acoger "a unos 60 menores, en vez de a 25 como es el aforo para el que están preparados, casi el triple de lo que pueden asumir sin que la Administración andaluza ponga solución a este problema de saturación".

Esta situación, añade la responsable provincial, conlleva "un perjuicio intolerable para el acogimiento, la educación y la normalización de estos menores, que presentan un alto porcentaje de problemas sociales y de conducta y que tienen que ser repartidos en literas por las distintas aulas, afectando no solo al clima de convivencia entre ellos mismos por el hacinamiento, sino también a la dignidad de los distintos profesionales, ya sean psicólogos, cocineros, limpiadores o educadores, que soportan una excesiva carga de trabajo y un estrés psicológico inapropiado para desarrollar su labor diaria".