El Vía Crucis de las guarderías conveniadas en Andalucía

Siete de la mañana. El despertador de Rocío y Jesús suena y tras unos breves segundos de desperezo, se pone en marcha la maquinaria: desayunan, se visten y ordenan la casa, tú el salón, yo el dormitorio. Siete y media, hora de despertar a Lucía; cambio de pañal, vestirla y biberón, que hay que llevarla la guardería a las ocho y cuarto antes de ir a trabajar. Todo cronometrado, de lunes a viernes.

Según el artículo 41.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, la educación infantil tiene carácter voluntario. Un carácter que se torna obligatorio cuando ambos progenitores han de trabajar  y al pequeño de la casa hay que dejarlo en la guardería, pieza fundamental en el engranaje familiar de millones de hogares.

Así, para dar respuesta a esta necesidad social, durante el presente curso la comunidad andaluza cuenta con 1.545 centros que ofrecen un total 91.593 plazas, divididas entre centros públicos y centros privados convenidos. Precisamente son estos últimos, que representan poco más del 50% del total de plazas de guardería ofertadas en la región, los que se encuentran afectados por el retraso en el pago de la Junta de Andalucía y concretamente de la consejería de Educación, de la que dependen desde 2009.

La deuda actual de la Junta con las escuelas infantiles asciende a 70 millones de euros en concepto de subvenciones, según la cifraba hace unos días la portavoz popular de Educación, Marifrán Carazo. Esta situación, que se viene repitiendo en los últimos años con mayor o menor intensidad, tuvo en 2012 uno de los más graves episodios, llegando incluso a peligrar la apertura del curso 2012-2013. 

LAS DIFICULTADES ACTUALES

La presente situación, sin llegar a los niveles de gravedad de años anteriores, sí que es ya asfixiante para guarderías como en la que trabaja María José Rus, directora pedagógica, quien además es presidenta de ARCOIRIS, la asociación granadina de escuelas infantiles que reúne a cerca de cuarenta centros de la provincia. Esta profesional hace hincapié en la idea de que el retraso en los pagos, más allá de afectar a los centros infantiles, repercute de manera directa en las familias que tienen menores matriculados: “realmente las bonificaciones son para las familias. La parte que a nosotros la administración nos paga o no nos paga, es la parte que os deberían pagar ellas”. La Junta de Andalucía ofrece subvenciones a las familias que van desde el 25 al 75% del coste de la plaza –unos 280 euros-, unas ayudas cuyo retraso compromete el funcionamiento normal de la guardería.

La falta de liquidez a causa del retraso en el pago ocasiona que los centros no puedan pagar a proveedores como el servicio de catering, lo que pone en grave peligro, por ejemplo, el servicio de comedores. Además, las guarderías se enfrentan también, como explica María José Rus, a un recargo del 20% en el pago de los seguros sociales en caso de demora.

Por otra parte, esta situación se torna incluso más compleja en lo económico dado que las guarderías han asumido la congelación del IPC en los precios públicos “porque de hecho, todo ha subido, menos la plaza”, asegura Rus. Como contraprestación por ello y por haber dejado de pagar la liquidación del mes de agosto -no lectivo-, se crea una cuota compensatoria de mil euros por aula, una cantidad que supone “un 20% o menos de lo que antes te pagaban. […] Esa es una de las cosas que ahora mismo tenemos pendiente”.

Esos mil euros, con un montante total de 5,5 millones  y la mensualidad de septiembre, es la deuda total que a fecha de hoy reclaman las escuelas infantiles. El convenio de financiación determina que los centros cobren pasados cuarenta días desde la prestación del servicio a fin de mes. Para sobrevivir, aclara Maria José, “casi el 100% de los centros tienen póliza bancaria” ya que “un centro infantil no tiene porcentaje de beneficio suficiente” para afrontar estas situaciones. Póliza que acaba por agotarse y que obliga a tirar de “créditos, préstamos de familiares […]” o del paracaídas de emergencia: el Fondo de Liquidez Autonómica, al que otros centros como las escuelas municipales de gestión indirecta no pueden acogerse y por ello “están mucho peor que nosotros”.

LAS NEGOCIACIONES

El pasado martes se celebró la Mesa de Educación Infantil, en la que patronales y sindicatos se reunieron con el ejecutivo andaluz. En la mesa, entre otros asuntos, la compensatoria de agosto, la mensualidad de septiembre y la modificación del Decreto 149/2009.  Sobre qué esperaba de esta reunión, Rus espetaba serena y lacónica “¿Te digo la verdad? nada.”  Y sin embargo, ahora ha notado que, “después de tantos años, la gente está decidida a echar la persiana”.

Nada, decía María José, y nada nuevo ha surgido de la Mesa del martes, o quizá sí. Junto a la fijación de nuevos plazos para la satisfacción de los conceptos adeudados, los representantes de las guarderías recibieron una explicación inédita al retraso del pago de la cuota compensatoria de agosto.

Según Antonio Caamaño, secretario de CECE, una de las patronales mayoritarias sentadas a la mesa, la explicación de la Junta es que este retraso no se debía a “problemas de tesorería sino de fiscalización interna del concepto de este pago”. Ante esto, Caamaño, afirma que “les ha sorprendido” que se haya dicho durante mucho tiempo que “había problemas de tesorería y ahora digan que es un problema de la ley de presupuestos”.

REACCIONES

La portavoz de educación del PP en el Parlamento Andaluz, Marifran Carazo, aseguraba en declaraciones a Granada Digital en relación a la Mesa de Educación celebrada que “el problema del retraso es un problema que viene de largo, tres años, que se produce en varios momentos. Esta mesa no nos resuelve todas las dudas que tenemos. Antes que nada tienen que comprometerse a que esta situación no va a volver a repetirse […] Nunca ha querido comprometerse la Junta de Andalucía a fijar un calendario de pagos.”

Sobre la razón esgrimida en la Mesa para el retraso del pago de la cuota de agosto, la parlamentaria popular afirma que es “Una nueva excusa […] lo que yo no puedo entender es que a los centros se le promete el 10 de noviembre, se incumple esa fecha […]  y se saca esa excusa de la chistera”. Además, “Las familias están pagando en función de la bonificación, y si dos meses consecutivos no pueden pagar, se pueden expulsar a los hijos, es un decreto aprobado por  el propio gobierno andaluz”.

Ante las posibles soluciones para enderezar la situación, Carazo indica que “las medidas las aporta el sector, que ya no aguanta más”. Y añade que “hay que revisar el modelo”, además, “hay otras medidas que no suponen un coste para las familias […] flexibilizar el sector, compatibilizar plazas conveniadas con privadas, poder dar clases de apoyo o actividades extraescolares, que podría ser otra fuente de recursos que podrían ayudarles a prestar mejor servicio y de calidad, que han propuesto en mesas sectoriales […]”.

Así mismo, este medio ha intentado sin éxito contactar con la delegada de Educación Ana Gámez, para recabar impresiones y rebatir las cuestiones planteadas a la oposición. Responsables de prensa de esta delegación remiten al resultado de la Mesa celebrada el pasado martes.

MEDIDAS DE PRESIÓN

El pasado jueves los representantes de varios centros infantiles de la provincia hicieron entrega en la delegación de Educación de algo más de cinco mil firmas recogidas en los centros afectados en Granada, que se sumaban a las ya depositadas en otras provincias. Malestar e indignación en los corrillos y una impresión generalizada que sorprende: las escuelas infantiles conveniadas se encontraban mejor atendidas y escuchadas cuando dependían de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y sin retrasos en los pagos. “Yo también he escuchado ese comentario y me parece incomprensible”, ya que ahora “[…] es menos cercanía, menos escucha, y en los pagos hay más retraso”, indicaba Marifran Carazo al hacerle partícipe del mismo.

PRÓXIMAS ACCIONES

CCOO ha anunciado que participará junto con de la Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía social (ACES) y la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía en la concentración ante el Parlamento de Andalucía, el próximo día 1 de diciembre, para trasladar a los representantes de los andaluces la complicada situación de los centros de Convenio de Educación Infantil. Así mismo, el 10 de diciembre expira el plazo para abonar las liquidaciones correspondientes al mes de octubre. En caso de incumplimiento del mismo, los profesionales del sector amenazan con hacer huelga el próximo 11 de diciembre, un jueves cualquiera en el que volverá a sonar el despertador de Jesús y Rocío.