La eliminación del voto rogado beneficiaría a 50.000 granadinos residentes fuera de España, según el PSOE
Poco más del 6% del electorado granadino residente en el exterior emitió su voto en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre
Gabinete
El PSOE de Granada ha considerado que la eliminación del voto rogado beneficiaría a unos 50.000 granadinos y granadinas que residen fuera de España y que, a día de hoy, tienen “serias dificultades a la hora de emitir el sufragio en cada una de las convocatorias electorales”. A propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, el Senado ha aprobado una moción, con los votos en contra de Vox, en la que se insta al Gobierno de España a que promueva e impulse, en el plazo más breve posible, una iniciativa legislativa dirigida a suprimir la legislación electoral la exigencia de voto rogado para los españoles residentes en el extranjero.
El secretario de Política Institucional y Parlamentaria y senador, Alejandro Zubeldia, ha señalado que el objetivo del PSOE es “suprimir las barreras administrativas que existen en la actualidad para ganar en calidad democrática y facilitar la participación de la ciudadanía que reside fuera de nuestra tierra”.
“Queremos garantizar la igualdad de oportunidades y acabar con un sistema que entraña cierta complejidad como demuestra el hecho de que el último censo CERA, a fecha de enero de 2020, contemple 50.399 electores y de todos ellos, tan solo 3.215 emitieron su voto al Senado y 3.168 al Congreso en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre”, ha detallado. El socialista ha asegurado que esta “raquítica” comparativa demuestra que tan solo poco más del 6% del electorado granadino residente en el exterior emitió su voto finalmente, por lo que ha abogado por “acabar con este tipo de trabas en aras de favorecer la participación en todos los procesos electorales”.
“Se trata de unos de los compromisos con los que el PSOE concurrió a las pasadas elecciones y será el Gobierno de Pedro Sánchez el que modifique la normativa vigente porque es una situación inasumible ante la que los poderes públicos deben reaccionar por mandato constitucional expreso y para contribuir a fortalecer el vínculo con España de los y las compatriotas que residen en el extranjero”.
