Más de 56.000 empleados públicos de Granada se beneficiarán de la subida salarial
Las retribuciones aprobadas por el Consejo de Ministros crecerán el 2% y se hará efectivo desde el 1 de enero de 2020
Gabinete
El Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros sobre el incremento retributivo del sector público en 2020, supondrá la subida salarial de un 2% para los 56.293 empleadas y empleados públicos de las distintas administraciones que hay en la provincia de Granada.
Del total del personal beneficiado por la subida salarial, que se hará efectivo desde el 1 de enero, 7.651 pertenecen a la Administración General del Estado; 29.480, a la Junta de Andalucía; 13.755, a las administraciones locales y 5.407 a la Universidad, según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, a fecha de enero de 2019.
Granada es la cuarta provincia andaluza en número de empleados públicos, por detrás de Sevilla (113.072), Málaga (75.001) y Cádiz (72.592).
La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, ha señalado que con esta medida se reconoce “el gran esfuerzo que realizaron los empleados públicos durante la crisis económica así como su dedicación y profesionalidad” al tiempo que “se cumple con el compromiso alcanzado con los sindicatos para mejorar las condiciones retributivas desde el inicio de 2020”.
Incremento de las retribuciones
El incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones: un incremento fijo del 2% de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos con efectos 1 de enero; un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019; en el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5%.
Al margen de las cuantías establecidas, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
El coste del Real Decreto-ley se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.
