Emucesa ratifica el acuerdo de conformidad en el caso de las contrataciones 'fantasma'

La acusación particular ejercida por Emucesa, la Empresa Municipal del Cementerio de Granada, ha ratificado este miércoles en la Audiencia de Granada el acuerdo de conformidad que han alcanzado las partes en la causa por las contrataciones 'fantasma" realizadas en esta entidad en la anterior etapa de gobierno del PP en la ciudad, entre 2005 y 2012.

De esta forma, el juicio ha quedado visto para sentencia, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales después de que el martes los exconcejales del PP de Granada Eduardo Moral y María Francés aceptaran dos años de cárcel por este asunto, mientras que los cinco trabajadores beneficiados aceptaron penas de entre tres y nueve meses de prisión.

La Fiscalía solicitó inicialmente penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por "realizar contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de Emucesa, entre 2005 y 2012, a personas afines al PP cuando la entidad era cien por cien pública. Se trató, según el relato provisional del Ministerio Público, de contratos de "alta dirección" en los que se simuló "una relación laboral inexistente", pues desde "el momento de la firma conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse".

Emucesa sostuvo en su escrito de acusación que la finalidad de todas las contrataciones fue "la realización de servicios ajenos a la actividad y fines de la empresa", a pesar de lo cual Emucesa pagó los salarios, que cifró en su momento en un montante cercano a los 300.000 euros. A lo que sumó las prestaciones por desempleo que luego pudieron cobrar algunos de los contratados.

Este miércoles Unidas Podemos ha rechazado en una nota "el pacto de silencio que han impuesto PP, Cs, PSOE y Vox con respecto al caso Emucesa". El concejal Paco Puentedura ha reprochado que "han ratificado un acuerdo que no depura todas las responsabilidades legales, ya que se pretende que los acusados reconozcan su culpabilidad y no entren en la cárcel aunque sin aclarar todos los elementos".

El concejal mantiene que "queda por aclarar si las personas que fueron contratadas ilegalmente, con un coste de más de 200.000 euros de dinero público, si no estaban trabajando para Emucesa para quién" lo hacían; así como si existió "financiación ilegal de algún partido político".

Desde el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada han defendido por su parte que el caso salió a la luz cuando estaban en el gobierno local y que han sido parte "activa" en la defensa del interés general. Junto a ello han hecho hincapié en que cuando se produjeron los hechos no existía el tipo penal por el que "ahora estaríamos hablando de una financiación irregular por parte del PP".