Emucesa ratifica el acuerdo por el que exedil del PP aceptará su responsabilidad en contratos fantasma

El consejo de administración de Emucesa, reunido en la mañana de este jueves, ha ratificado el acuerdo de conformidad por el que algunos de los acusados por supuestas contrataciones irregulares de altos cargos en la empresa mixta que gestiona el cementerio municipal de Granada, entre ellos la que fuera su consejera delegada, la ex edil del PP María Francés, aceptarán previsiblemente su responsabilidad en el caso, y quedarán fuera del proceso.

Así lo ha indicado a Europa Press el concejal del PSOE en Granada, José María Corpas, que ha detallado que, tras esta ratificación, Emucesa dará traslado de la misma a la Fiscalía que, a su vez, llevará ante el juez este acuerdo de conformidad avalado por las distintas partes representadas en el proceso.

El edil socialista ha subrayado que, en el consejo de administración de la empresa mixta, el acuerdo ha sido ratificado por mayoría, con los votos a favor de los representantes de su partido y el socio privado, las abstenciones de los de PP y Cs, que gobiernan en el Ayuntamiento, y en contra de Podemos-IU y Vox.

Según Corpas, el acuerdo "avala la tesis de que detrás" de los hechos que ha investigado el Juzgado de Instrucción 9 de Granada "habría una presunta financiación irregular del PP", y este partido trataría de que "no se llegue al fondo del asunto".

En declaraciones a los medios, el concejal ha resaltado que el consejo de administración haya aprobado "el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y algunos de los imputados del caso Emucesa, en donde se reconoce la realidad del fraude cometido".

El Ministerio Público había solicitado penas de seis años de prisión para Eduardo Moral, también ex edil del PP que, conforme a la información facilitada por fuentes del caso a Europa Press, se quedaría fuera del acuerdo, y cinco años para María Francés, que se conformaría con una pena de dos y evitaría la entrada en prisión.

Según informó la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota el pasado 26 de junio, el representante del Ministerio Público, en su escrito de acusación provisional del caso Emucesa, pedía estas penas para los ex concejales estas penas por "realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de la empresa, en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, durante los mandatos de gobierno local del PP.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también solicitaba penas que oscilaban entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.

SUBSANACIÓN DE DAÑOS

A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los acusados, se le exigió la devolución, "de forma conjunta y solidaria con tres de los acusados", de la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, ésta se elevaba a 32.521 euros con uno de los contratados, pues otra devolvió el dinero percibido.

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía señaló que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de "alta dirección" simulando "una relación laboral inexistente".

Añadió que, "desde el momento de la firma de los sucesivos contratos, conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública".

Del mismo modo, también solicitó a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 euros por supuesto "fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social".

La Fiscalía acusa por la presunta comisión de delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.

En esta misma causa, Emucesa, que está personada como acusación particular, había solicitado la pena de tres años de prisión para los dos exediles del PP que están procesados.