La lucha diaria de una granadina para cobrar el ingreso mínimo vital

Nada le hacía pensar a María hace un año que su vida tal y como la conocía iba a cambiar radicalmente en apenas unos meses. En realidad, María es su nombre ficticio. La protagonista de esta historia prefiere no desvelar su identidad por miedo a que le quiten a sus hijos. Son tres y los tiene que mantener ella sola desde que se divorció de su marido, quien para colmo poco antes había perdido el único sueldo que entraba en el domicilio familiar tras ser despedido. Cinco hernias y una lumbociatalgia crónica degenerativa tienen la culpa de que ella no pueda trabajar. Tampoco tiene acceso a ningún tipo de prestación por discapacidad, pues el grado que le reconocen no alcanza el mínimo para acceder a una de estas ayudas.

Con tres hijos y sin ingresos, a María no le quedó más remedio que pedir ayuda a su madre, con la que vive actualmente. "No puedo trabajar, no me dan ayudas del SEPE y lo único que me quedaba era la prestación por hijo a cargo (la conocida como 'ayuda por puntos'). Me la aprobaron en abril y en junio me adelantaron un primer pago de 255 euros, aunque me corresponden 882 en total", explica. Sin ningún ingreso y desesperada, la aprobación por parte del Gobierno del ingreso mínimo vital (IMV) supuso para ella algo de luz al final del túnel.

Fue el mismo 16 de junio -primer día en que se podía tramitar- cuando acudió por primera vez a la ventanilla electrónica de la Seguridad Social. Y desde entonces hasta ahora la única respuesta que ha encontrado es un "en estudio". "Llamé en agosto y me dijeron que mi solicitud se había perdido, por lo que la volví a pedir". Su caso no es único. La avalancha de peticiones por parte de numerosas familias en situación de exclusión social ha colapsado a la administración en apenas siete meses. En algunas oficinas con más capacidad, como las de Barcelona, incluso se tramitando solicitudes de otras provincias ante la fuerte demanda, tal y como explican fuentes acreditadas.

María es un ejemplo de cómo la pandemia ha empeorado si cabe la situación de muchas familias. No sólo atascando las ventanillas electrónicas con solicitudes de ERTE, sino multiplicando también el requerimiento de otro tipo de prestaciones que, en conjunto, forman el llamado 'escudo social'. "Vivo con mi madre porque no me queda otra", relata esta afectada, quien explica las limitaciones físicas que sufre a causa de su enfermedad: "No puedo estar apenas de pie, sentada o tumbada. Me duelen las piernas y me caigo".

CARIDAD Y APOYO ENTRE AFECTADOS

Con la ayuda de Cáritas, de la Cruz Roja y de su propia familia, la protagonista de esta historia acumula ya siete meses de lucha para, al menos, obtener una respuesta y así valorar, en caso de que ésta sea negativa, otras posibles alternativas al ingreso mínimo vital. No obstante, algunos funcionarios alertan de la dificultad de dar respuesta a la enorme demanda generada en los últimos meses.
Pero esto último no sólo sucede en la Administración General del Estado, sino también en otros niveles competenciales como el de las autonomías. "Solicité la Renta Mínima de Inserción, por ejemplo, y sigo esperando a que me den respuesta un año después. También he intentado que me reconozcan una ayuda por discapacidad", agrega.

Como María, otros 110 afectados de toda España por el retraso en la resolución del ingreso mínimo vital han decidido unir sus fuerzas ahora para exigir una solución. Se conocieron a través de un grupo de Facebook y actualmente coordinan acciones de forma conjunta. "Hemos escrito al Defensor del Pueblo Andaluz, al presidente de la Junta, al del Gobierno o a la Tesorería General de la Seguridad Social y, por el momento, no han podido avanzar nada".

De momento descartan movilizaciones en la calle por prudencia ante el coronavirus y porque hasta ahora el grupo no es tan amplio como la realidad y está muy disgregado por varios puntos de la geografía nacional.

Su día a día, confiesa, "es el normal de una persona en mis circunstancias, pero con el hándicap de no tener ingresos y depender de la ayuda de mi madre y las asociaciones". "Me levanto, llevo a los niños a la escuela, hago rehabilitación, los pongo a dormir a la siesta, voy a comprar y vuelta a empezar", explica. "Y, entre medias, sigo escribiendo y llamando cada mes para ver si hay novedades respecto al ingreso mínimo vital", apostilla.

UN RETO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Evitar que casos como este sigan acumulando expedientes en los ficheros y carpetas de las tesorerías es una de las grandes preocupaciones de la Seguridad Social en este momento. En este sentido, fuentes del Gobierno recuerdan que se le está dando prioridad a las solicitudes que llegan por servicios sociales de gente especialmente vulnerable. No en vano, la propia subdelegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Granada, Inmaculada López Calahorro, resalta en este periódico el hecho de que la provincia haya sido la tercera española en número de solicitudes de ingreso mínimo vital por habitante, "lo que ha conllevado un notable esfuerzo para dar una respuesta adecuada al trámite del mismo".

Granada ha sido la tercera provincia española en número de solicitudes

"Actualmente ya se han tramitado más de 23.000 solicitudes que dan cobertura en estos momentos más de 20.000 granadinos. Los cambios normativos introducidos y la incorporación de funcionarios interinos están permitiendo aumentar el ritmo de tramitación de las mismas", explica la responsable del Ejecutivo central, quien destaca que "son muchas las solicitudes con incidencias en la documentación aportada, lo que está suponiendo un aumento del tiempo de trámite inicialmente calculado, aunque en cualquier caso todas serán resueltas de forma expresa y aquellas que se realizaran antes del 1 de enero de 2021 tendrán efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2020 y cobrarán los atrasos con la primera nómina tras su aprobación". Explicaciones que, sin embargo, resultan insuficientes para la oposición, como se encargó de recordar recientemente el senador por Granada, y alcalde de Güéjar Sierra, José Antonio Robles.

DATOS HASTA DICIEMBRE

A 18 de diciembre de 2020 -último día en el que el Gobierno actualizó los datos- el Instituto Nacional de Seguridad Social había reconocido a 19.041 granadinos (9.118 de ellos, menores) el IMV. En España, esta cifra rozaba los 160.000 hogares y más de 460.000 personas; mientras que en Andalucía el guarismo, en diciembre, alcanzaba las 154.477 personas, de las que el 46% eran menores.

Desde que se puso en marcha esta prestación, y hasta el pasado mes de noviembre, la Seguridad Social abonó más de 16,5 millones de euros. Tal y como se ha indicado líneas atrás, Granada ha sido la tercera provincia española hasta esa fecha que mayor número de solicitudes por cada 100.000 habitantes ha registrado con más de 3.600. Únicamente las provincias de Las Palmas y Tenerife presentan una proporción mayor, lo que da una idea del efecto de la pandemia sobre la economía en este territorio. Pese a ello, parece que aún queda mucho trabajo por hacer.

En los seis primeros meses de existencia de la prestación se recibieron 39.148 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital en la provincia. Del total que llegaron por diferentes canales, 1.729 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos algo más de 37.000. Durante ese primer semestre de vigencia, la Seguridad Social tramitó exactamente 22.888 solicitudes en la provincia. La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Granada había resuelto en ese momento 17.027 y a 5.861 se les pidió que subsanaran errores como, por ejemplo, el de completar la documentación. Aproximadamente el 25% de las solicitudes tramitadas hasta ese momento fueron denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.

REQUISITOS Y CUANTÍAS

El caso de María es distinto. Sin ingresos, su solicitud debería terminar siendo aprobada antes o después. Su mayor interrogante es cuándo. Pese a todo, cabe recordar que para ser beneficiario individual se ha de tener entre 23 y 65 años o, con más de dicha edad, no ser beneficiario de una pensión de jubilación, vivir solo o, aún compartiendo domicilio con una unidad de convivencia, no estar integrado en ella siempre que se cumplan tres requisitos: que las personas no estén casadas, salvo que se hayan iniciado los trámites de separación o divorcio; que no estén unidas a otra persona como pareja de hecho y que no formen parte de otra unidad de convivencia.

Las mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos y explotación sexual también están incluidas como beneficiarias del IMV. Y por supuesto también están incluidas las unidades de convivencia. En la actualización para este 2021, la cuantía mínima garantizada es de 469,93 euros. Y a partir de ahí en adelante: 610,91 euros (unidades de convivencia con dos adultos), 751,89 euros (dos adultos y un menor o tres adultos), 892,87 euros (dos adultos y dos menores, tres adultos y un menor o cuatro adultos) y 1.033,85 euros -el máximo- para una unidad de convivencia formada por dos adultos y tres o más menores, tres adultos y dos o más menores o por cuatro adultos y un menor.

La cuantía mínima garantizada tras la última actualización del IMV es de 469,93 euros para 2021

Cuando, como en la situación de María, se trata de una unidad monoparental, las cuantías previstas son de 714,30 euros para una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y un menor; 855,28 euros para una unidad con un adulto y dos menores y 996,26 euros para una unidad con un adulto y tres o más menores. Este último es el caso de la protagonista de esta historia. No obstante, la ayuda que ella reclama no llega a los 900 euros al corresponder a 2020 y no al año recién comenzado.

Tener residencia en España, estar en situación de vulnerabilidad económica y haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que se pueda tener derecho, en los términos que se fijen son los tres requisitos exigibles para poder acceder al ingreso mínimo. Entre este último grupo se exceptúan salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.