En la encrucijada de la Ley de Dependencia

Aprobada a finales de 2006 y desarrollada a partir de 2007, la Ley de Dependencia es una de las más ambiciosas en materia de cobertura social que el Estado español ha aprobado en toda su historia. La ley, que nació como un embrión llamado a desarrollarse por un periodo de ocho años tanto en lo económico como en la prestación de servicios, ha pasado por distintas fases hasta llegar a la encrucijada en la que se encuentra hoy. Los grandes datos muestran que se pasó de una financiación de 303 millones de euros en su primer año de vida a los 1.803 millones de 2010. A partir de ahí, la ley ha sufrido un recorte de 486 millones de euros en cuatro años, un 26,9% menos tras el que, denuncian desde la Plataforma Andaluza para la Defensa del Sistema de Dependencia, se esconden las dificultades de los más de 167.000 dependientes andaluces que hoy reciben alguna prestación económica o cuidado social.

EL DESARROLLO DE LA LEY

La ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención llegó para prestar y financiar toda una suerte de servicios sociales entre los que se encuentran: el servicio de teleasistencia, la ayuda a domicilio o la atención residencial, entre otros. A estas prestaciones se han podido ir acogiendo, a lo largo de los años, los denominados dependientes de Grado II y Grado III, personas con necesidades de atención especial ya sea por enfermedad o por problemas propios de la edad. A la espera de ayuda quedan los dependiente de Grado I (nivel 2), quienes quedaron fuera del sistema tras un Real Decreto en 2012 y están a la espera de su vuelta a la listas de ayuda -en la actualidad está previsto que lo hagan a partir del verano del año que viene.

En relación al desarrollo de la ley, desde la Plataforma Andaluza para la Defensa del Sistema de Dependencia se sintetiza de esta manera la situación actual: "Hemos pasado una época muy buena en Andalucía con respecto a la aplicación de recursos y la responsabilidad institucional, con un desarrollo muy positivo. A partir de 2012 nos encontramos en un parón en seco de la aplicación por culpa del Real Decreto 20/2012 de 13 de julio. Es hachazo mortal al sistema", asegura José Miguel Delgado, presidente de la Plataforma.

En la misma línea se ha pronunciado también la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, quienes vienen velando por la salvaguarda de la ley de Dependencia y de los restantes servicios sociales del país. Estos profesionales, a través de su informe anual, se muestran profundamente críticos con las actuales medidas del gobierno de Mariano Rajoy, llegando a hablar del "colapso del sistema" y culpando al Ejecutivo de mentir en sede parlamentaria sobre los recortes.

LOS BENEFICIARIOS DE LA DEPENDENCIA

En el Observatorio que cada año ofrece la Asociación se pone de manifiesto que, a pesar de que el número de usuarios que reciben atención se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, no lo ha hecho así la incorporación de nuevos dependientes al sistema. El importante descenso en el número de usuarios pendientes de recibir atención, que se ha sido de 120.000 personas en los últimos tres años, es puesto en cuarentena por los profesionales del sector, que matizan: "la afirmación sistemática y triunfalista de que se ha reducido la lista de espera contiene una parte de verdad y otra buena parte de ocultación de la evidencia. La reducción de la lista de espera –que en diciembre de 2011 ascendía a 305.941 personas- no es fruto del incremento de atendidos como ya hemos visto, sino el resultado combinado de retirar el derecho a atención a las personas con grado I (nivel 2) que no estuvieran recibiendo atenciones a 31 de diciembre de 2011 y de las bajas (fallecimientos) que se producen en personas pendientes de atención".

Las fuentes consultadas por este medio vuelven una y otra vez a julio de 2012, mes en el que se aprobó el Real Decreto 20/2012 promovido para garantizar la estabilidad presupuestaria y que, según denuncia la Asociación, conlleva una "demolición controlada" de la Ley de Dependencia.

Por un lado, el Real Decreto redujo las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar "al menos un 15%"; desde la asociación se estima que alrededor de 400.000 personas han visto reducida la prestación que recibían. En la misma línea, se cambió el modelo de cotización de los cuidadores no profesionales, por lo que las 146.000 personas que antes cotizaban en régimen especial hayan dejado de hacerlo.

Otro de los aspectos más controvertidos y polémicos de la Ley y que también ha sido configurado por el Decreto -que ha servido y sirve de arma arrojadiza entre partidos políticos-, es la financiación estatal y autonómica. Dependiendo de las fuentes consultadas, el porcentaje varía del 30% del Estado y el 70% de las comunidades - según la Plataforma andaluza-, al 70-30 a favor del Estado -según el Partido Popular. Lo que afirman desde la Asociación es que, a raíz de la puesta en vigor del Real Decreto, el traspaso de fondos del Gobierno a las diferentes comunidades se ha ido reduciendo: "El dictamen del Observatorio, habitualmente crítico con los gestores autonómicos, debe reconocer que en estos dos años –en líneas generales, las comunidades han realizado denodados esfuerzos por mantener, al menos, los niveles de atención. No siempre ha sido posible"

LAS DIFERENTES INTERPRETACIONES DE UNA MISMA SITUACIÓN

"Recuerdo el caso de una persona mayor que tenía muchos problemas de movilidad. Entre otras cosas, esta persona se veía abocada a alimentarse de conservas. A esta mujer se le concedió un alto grado de dependencia y gracias a la exquisita intervención de la trabajadora social, esta mujer dejó de tener problemas de desnutrición. Esta persona tan sólo necesitaba una auxiliar un par de horas al día, alguien que le cocinara y le diera un repaso a la casa. Con eso se recupera la dignidad de la persona". Es el recuerdo, la reflexión de José Miguel Delgado, quien además de presidente de la Plataforma andaluza en defensa de la Ley de Dependencia, es un profesional de los servicios sociales que vive día a día "una situación insostenible".

Cuando a Delgado se le pregunta por la viabilidad del sistema, aparece la chispa de quien defiende algo en lo que verdaderamente cree: "decir que el sistema de Dependencia no es sostenible es poco menos que una falacia", asevera. El trabajador social tira de estudios para argumentar la sostenibilidad de la Ley: "los menos optimistas hablan de un retorno del 60% de lo que inviertes mientras que otros hablan del 130%". Es decir, que el sistema no sólo no sería un pozo de fondos, sino que los generaría riqueza y empleo. "La ayuda a domicilio tiene a 43.000 personas trabajando en Andalucía, a 40 horas semanales de media...", concluye Delgado.

En la otra cara se encuentra la parlamentaria popular Ana Vanessa García, quien defiende la gestión del Gobierno central y razona: "Si hoy día existe la ley de Dependencia y se está prestando es gracias a que el PP ha sacado al gobierno de donde estaba. Si no nos llega a sacar la de la crisis, nos habrían intervenido y nos habrían quitado las prestación sociales. Ni más ni menos".

En materia de financiación, García recuerda que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones y que si se han reducido las prestaciones aportadas a la comunidad, es porque hay menos dependientes en Andalucía: "el gobierno andaluz ha paralizado expendientes, por lo que no se incorporan nuevos dependientes". Además, la popular recuerda que el Gobierno le transfiere a la Junta, de manera mensual, la financiación para la Ley de Dependencia, por lo que no se explica que la administración autonómica le deba a Diputación siete meses: "solo han pagado hasta marzo". Siguiendo esta afirmación, este medio ya publicó que la Junta de Andalucía atiende durante 2014 a un 11% menos de dependientes que hace un año y lidera el descenso en la cobertura a nivel estatal.

En el mismo orden, Ana Vanessa García afirma que con el gobierno del Partido Popular la Ley de Dependencia es sostenible, ya que se han asegurado de que "no se aun despilfarro. Es falso que se esté recortando en Dependencia. La cantidad aportada es la que dice la Ley".

La parlamentaria y el trabajador social ofrecen diferentes aristas de una compleja Ley que debería terminar de desarrollarse en 2015 y que, a partir de ahí, deberá de conjugarse con la nueva realidad económica del país.