En Sevilla también absuelven a Jesucristo

La historia judicial de España tiene más de cinco siglos, si se da por buena la fecha de 1505 en que se crearon las Reales Chancillerías de Granada y Valladolid. Probablemente, alguien mejor informado que yo adelantaría esa fecha, pero… a lo que íbamos. Ese edificio de Plaza Nueva es el único en Europa -y probablemente en el mundo- que ha servido como sede judicial desde su construcción hasta nuestros días.

Durante esos cinco siglos se fue construyendo todo el entramado judicial que situó en su cúspide al Tribunal Supremo, con sede en Madrid, así como el Constitucional a partir de la aprobación y vigencia de la Carta Magna de 1978. En todos esos siglos a nadie se le ha ocurrido entre todos los operadores judiciales -jueces, fiscales, abogados, procuradores…- reclamar que una sala del Supremo se instalase en Barcelona o en Bilbao o en Valencia… por poner un ejemplo. Ni siquiera cuando a partir de ese año constitucional de 1978 y la descentralización que supuso el Estados de las Autonomías, nadie de las muy centrifugadoras comunidades autónomas planteó el establecimiento de una sección de lo penal -por poner otro ejemplo- en esas nuevas capitales surgidas al calor de la desmesura autonómica.

Hasta que… Aquí están los sevillanos , con esa ‘grasia que no se pué aguantáh’, que no contentos con una representatividad atosigante -en Barcelona habita más de la mitad de los catalanes; en Sevilla, apenas el 13 por ciento de los andaluces- ya intentaron en los primeros años de despliegue y desarrollo administrativo de la autonomía hacerse también con la capitalidad judicial, pese a que el primer Estatuto ya mencionaba a Granada como sede de lo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una cuestión que el nuevo Estatuto, reformado a mediados de la pasada década, reforzó con una declaración explícita: Granada, capital judicial de Andalucía. Era una forma de atraerse el voto en esta provincia de Andalucía que es la que más ha perdido de toda España con la plena implantación de este artificio que ha resultado el Estado de las Autonomías.

Entonces, en aquellos finales de los ochenta y principios de los noventa, los ‘ideólogos’ del traslado apelaban a la territorialidad de los por aquellos años incipientes tres poderes autonómicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, la cosa es más directa: por el procedimiento del tirón, que resultará de la creación de secciones de sala de lo Penal y su previsible implantación en Sevilla y Málaga, como vienen presionando desde hace tiempo. En Sevilla, por la ‘doctrina L’Oreal’: porque yo lo valgo… En Málaga, porque allí donde un sevillano levante el dedo nunca faltará un ‘boquerón’ que añada “pues p’a mí también…” Y así, hasta el vaciamiento final.

Y se las llevan. Como se llevaron salas de lo Contencioso y de lo Social. Vamos, si hasta ha habido un juez sevillano que acaba de absolver a Jesucristo. ¡Pero hombre…! Si aquí, en Granada, ya lo absolvimos a finales de los ochenta…