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La Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se crea para reformar la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se busca garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y para favorecer la iniciativa económica, que se limite el número de concejales que pueden recibir un salario.
En el caso de Granada, en función de la población que tiene, no podrán cobrar más de 18 concejales, sin especificar cuáles (concejales del gobierno o concejales de la oposición).
