Endesa se sienta en el banquillo por vulnerar derechos fundamentales en el Distrito Norte de Granada

Después de tres años de procedimiento judicial, los próximos 18 y 21 de octubre se celebrará en el Juzgado de Primera Instancia número 15 el juicio contra Endesa por las vulneraciones de derechos fundamentales provocadas por los cortes de suministro eléctrico. Entre otras personas, en el acto de juicio intervendrá personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada, personal sanitario de los centros de salud de Distrito Norte o el Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín.

El procedimiento, iniciado por personas en situación especialmente vulnerable, ha contado con el apoyo y acompañamiento de organizaciones sociales e instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Anaquerando, Fundación Lestonnac o la parroquia de la Paz. A pesar del tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, los cortes de suministro eléctrico persisten en el Distrito Norte de Granada, tal y como muestra un reciente documental.

Por otra parte, aunque durante este tiempo han continuado los cortes de suministro eléctrico, hasta ahora la principal respuesta de Endesa ha sido negar cualquier tipo de responsabilidad en esta situación. La mercantil incluso ha criminalizado la demanda planteada al sostener en su escrito de contestación de demanda que "quienes alzan la voz con más fuerza contra Endesa y las Administraciones Públicas son quienes presuntamente causan los cortes en el suministro". De hecho, este verano, autoridades como la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha apuntado a Endesa y Junta de Andalucía como responsable de los cortes de suministro eléctrico acaecidos en la capital andaluza.

Desde el inicio de las interrupciones de suministro eléctrico hace más de una década, esta problemática se ha extendido a otras ciudades del estado, tales como Madrid, Sevilla, Almería o Girona. En el año 2021, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) y la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) advirtieron que la "falta de suministro eléctrico en los hogares de nuestra población supone un grave riesgo para su salud", por lo que instaban a las autoridades públicas "a tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental".

Las organizaciones sostienen que, con independencia del resultado del procedimiento, esta movilización "ha servido para visibilizar que los cortes de suministro eléctrico implican la lesión de los derechos fundamentales de personas especialmente vulnerables", al mismo tiempo que ha mostrado que "la única respuesta que ofrece Endesa ante esta situación es la criminalización de todo un barrio".