Enfermeras y fisioterapeutas de Granada reclaman el abono íntegro de sus pagas extraordinarias

Los trabajadores de sanidad pública aseguran que "llevan sufriendo desde 2010 un recorte del 27% en cada una de las dos pagas que tienen al año"

Los sindicatos se concentran para protestar contra la orden de la Junta que afecta a los derechos laborales de los profesionales de la sanidad pública andaluza
Satse Granada | Foto: Archivo GD
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Más de 300 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas de la Sanidad Pública de Granada se han dirigido individualmente a través del Sindicato de Enfermería, SATSE, al presidente del Gobierno ahora en funciones, Pedro Sánchez, para reclamar que recupere el abono íntegro de sus pagas extraordinarias, un derecho laboral sustraído hace 13 años y que les ha supuesto perder hasta un total de 7.500 euros.

Se trata de una iniciativa del Sindicato de Enfermería, SATSE, dentro de la estrategia que viene desarrollando desde el pasado año en el conjunto del Estado para que el Gobierno realice las modificaciones legales que correspondan y se ponga fin al recorte que sufren las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública en sus pagas extraordinarias desde 2010.

En concreto, SATSE, ha distribuido los escritos entre los profesionales afectados para que sean ellos, en primera persona y de manera individual, los que denuncien la situación que vienen sufriendo desde el recorte en las pagas extraordinarias que llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de la crisis económica mundial que afectó durante años a España.

A nivel nacional más de 30.000 enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas han remitido estos escritos al Gobierno, de ellos 6.564 de Andalucía procedentes 660 de Almería, 1.023 de Cádiz, 371 de Córdoba, 307 de Granada, 515 de Huelva, 827 de Jaén, 991 de Málaga y 1.870 de profesionales de la provincia de Sevilla.

En concreto, las enfermeras y fisioterapeutas, al igual que otros miles de profesionales que trabajan en otros ámbitos de la administración pública, llevan sufriendo desde 2010 un recorte del 27% de la cuantía total de cada una de sus dos pagas extraordinarias al año, lo que supuso el primer año más de 300 euros y una media de 600 euros cada año de los posteriores hasta la actualidad. En total, la cuantía asciende hasta los 7.500 euros.

En el escrito los profesionales señalan que es entendible que en un contexto determinado de recesión económica se tomen medidas para poder hacer frente a la situación, pero no lo es que, trascurridos ya 13 años, no se haya planteado ningún Gobierno eliminar el recorte de las pagas extraordinarias, a pesar de que cuando se promulgó se hizo con carácter temporal y excepcional.

Asimismo, las enfermeras y fisioterapeutas afectados reclaman la devolución de las cantidades recortadas en concepto de pagas extraordinarias desde 2010. “No se trata, en modo alguno, de un incremento retributivo, sino que se devuelva a los profesionales de la sanidad pública lo sustraído hace trece años”, apunta

En cada caso, y en función del periodo trabajado desde esa fecha, cada profesional informa al presidente del Gobierno de la cantidad que se le adeuda, y que puede llegar hasta una cantidad total en torno a los 7.500 euros, explican desde la organización sindical.

Por último, los profesionales lamentan en su escrito que este recorte en las pagas se mantenga año tras año, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pareciendo haberse consolidado sin que ningún Gobierno haya mostrado interés en restituirlas al valor previsto en la legislación que las regula, a pesar de que, con el paso de los años, la situación económica y presupuestaria del país ha ido evolucionando positivamente.

Esta nueva iniciativa es una más de las ya puestas en marcha en los últimos meses por el Sindicato de Enfermería para recuperar el abono íntegro de las pagas extraordinarias, como las cartas dirigidas a los partidos políticos; la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) a los grupos para que este asunto se aborde en el Congreso de los Diputados, la queja trasladada al Defensor del Pueblo y la denuncia realizada ante el Parlamento europeo.