Entra en vigor el Plan de Vivienda, que contempla medidas como permutas o rehabilitación de casas cueva

El Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación 2016-2020 entrará en vigor este martes tras haber sido publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el decreto que regula este plan, y que contempla, además de las medidas ya anunciadas en materia de fomento del alquiler, rehabilitación y lucha contra los desahucios y la infravivienda, otras acciones más puntuales, como la rehabilitación de casas cueva, permuta de viviendas o acciones de autoconstrucción.

Asimismo, este plan contempla el diseño y la creación de un Mapa Urbano de la Infravivienda y establece una moratoria para determinadas actuaciones autonómicas de suelo.

En concreto, esa moratoria contempla que los promotores de actuaciones autonómicas de suelo para fomentar la urbanización de suelos con destino a vivienda protegida del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, que habiendo realizado en plazo las obras de urbanización previstas, y que "por motivos sobrevenidos y justificados" no hayan podido cumplir con el compromiso contemplado en dicho Plan, podrán acogerse a una moratoria durante la vigencia de este nuevo plan.

Por otro lado, en materia de lucha contra la infravivienda, se establece la creación del mapa urbano de la infravivienda en Andalucía como "instrumento de información, estudio y análisis de la presencia urbana de la infravivienda en Andalucía", con el objeto de "servir de soporte a la planificación, priorización y evaluación de las actuaciones tendentes a la eliminación de la infravivienda en Andalucía".

Este mapa, que servirá como base de datos, priorizará la identificación de zonas urbanas caracterizadas por la concentración de infraviviendas y afectadas por procesos de segregación social, y recopilará para cada una de estas zonas información sobre "localización de zonas; circunstancias que la caracterizan; cuantificación del número de infraviviendas; tipologías residenciales; condiciones de las edificaciones; regímenes de tenencia; características socioeconómicas y circunstancias familiares de residentes; y necesidades de intervención".

El desarrollo de este mapa corresponderá al Observatorio de la
Vivienda de Andalucía, con la colaboración de los ayuntamientos.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y CASAS CUEVA

Entre las disposiciones adicionales, se contemplan actuaciones del programa de rehabilitación de edificios públicos de interés arquitectónico, de forma que estas acciones podrán financiarse hasta su terminación con cargo a los recursos presupuestarios habilitados para el Programa de Rehabilitación de edificios públicos de este Plan.

Asimismo, podrán llevarse a cabo actuaciones de los programas de transformación de la infravivienda, rehabilitación autonómica o rehabilitación singular en las casas-cueva que sean residencia habitual y permanente de los beneficiarios de las ayudas reguladas en los dichos programas y cumplan los requisitos establecidos.

AUTOCONSTRUCCIÓN Y PERMUTAS

El plan contempla un programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción, esto es, mediante aportación de trabajo personal, con la colaboración de la Administración local en el proceso, "consiguiendo con ello una importante reducción de los costes y la participación directa en todo el proceso del destinatario final de la vivienda".

Precisa que en el proceso, los ayuntamientos, entidades locales o promotores públicos cederán gratuitamente a las personas
autoconstructoras, constituidas en cooperativa, la propiedad o el derecho de superficie del suelo o edificio para su rehabilitación, sobre el que se llevará a cabo la promoción, y asumirán los impuestos, tasas que graven la promoción, así como el estudio geotécnico.

La Consejería de Fomento y Vivienda se hará cargo de la redacción de los proyectos técnicos y la dirección técnica de las obras, así como del plan de seguridad. Aportará también su colaboración en la puesta en marcha de la cooperativa. Mediante orden de la Consejería podrán regularse ayudas a la cooperativa destinadas a financiar los materiales para la ejecución de las obras, en función de disponibilidades presupuestarias, hasta un máximo de 20.000 euros por vivienda.

Las personas autoconstructoras aportarán su propia mano de obra. Se agruparán en cooperativa de viviendas, a fin de dotarse de personalidad jurídica única, y actuarán como promotores y constructores de la actuación, asumiendo las obligaciones derivadas de dicha condición.

El procedimiento para la declaración de la actuación protegible de viviendas en régimen de autoconstrucción se regulará mediante orden de la Consejería, en la que se sujetará a convocatoria pública, adjudicándose las actuaciones en régimen de concurrencia competitiva.

Las actuaciones de viviendas de autoconstrucción se desarrollarán mediante convenios entre la Consejería, el Ayuntamiento, las entidades locales o promotores públicos y la cooperativa de autoconstructores.

La selección de las personas autoconstructoras se efectuará por el Ayuntamiento del municipio donde se ubique la actuación, mediante convocatoria pública, en la que participarán los interesados inscritos en los Registros Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, pudiendo tenerse en cuenta su experiencia en la construcción o participación en módulos de formación profesional, u otros programas de formación, primando la variedad de especializaciones constructivas.

El plan también contempla un programa de permutas protegidas de vivienda y bolsa de oferta de viviendas, con el objetivo de "facilitar la permuta de viviendas tanto protegidas como libres entre ciudadanos, garantizando la adecuación de la vivienda a las necesidades de la unidad familiar que la habita, bien a título de dueña o de arrendataria".

La permuta de vivienda se considerará actuación protegible siempre que concurran requisitos como que "al menos una de las unidades familiares o de convivencia deberá ocupar una vivienda no adecuada
a sus circunstancias personales o familiares, por aumento o disminución de la composición familiar, discapacidad, víctimas de violencia de género o terrorismo, necesidad de desplazarse por motivos laborales o familiares o disminución de los ingresos, que determine imposibilidad de hacer frente al pago de las cuotas hipotecarias o renta de la vivienda".

En el caso de que el objeto de la permuta sean viviendas protegidas, deberán cumplirse los requisitos de ingresos, así como el resto de limitaciones establecidas por su regulación específica.

El precio máximo de las viviendas será el máximo legal, en el caso de las viviendas protegidas, o el de mercado, en el caso de las libres.

En el supuesto de viviendas en régimen de arrendamiento, se requerirá la autorización del titular de las viviendas, que deberá ser una entidad pública o cooperativa de viviendas.

La Consejería regulará mediante orden el procedimiento para la declaración de permuta protegida, que incluirá el asesoramiento, fomento, apoyo y supervisión de cambios de vivienda y la comprobación de las condiciones físicas y jurídicas de las viviendas a permutar.

Asimismo, mediante orden de la Consejería se creará y regulará una bolsa de oferta de viviendas, donde se registrarán aquellas cuyas personas titulares necesiten permutarlas por otra más adecuada a sus circunstancias personales o familiares.

EL PLAN

El plan contempla acciones para el fomento del alquiler; se contemplan medidas contra los desahucios; y medidas de rehabilitación. También se dedica un espacio a las viviendas y alojamientos protegidos calificados no solo conforme a este Plan sino en anteriores planes, donde, entre otros aspectos, se introduce como novedad un programa de viviendas protegidas de precio limitado, para impulsar la promoción de viviendas en las reservas de los terrenos establecidas por la legislación para su destino a viviendas protegidas.