Entra en vigor este jueves el decreto de reducción de trabas administrativas de la Junta
El decreto de reducción de trabas administrativas para empresas anunciado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y aprobado la semana pasada en Consejo de Gobierno, se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entrará en vigor este jueves.
Ya la semana pasada el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, explicaba que la nueva norma, "pionera y sin parangón" en el conjunto de las administraciones públicas y que responde a un compromiso de investidura de la presidenta, Susana Díaz, plantea la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes para eliminar 64 trámites actualmente vigentes a nivel autonómico.
El decreto, que se tramitará en el Parlamento andaluz como proyecto de Ley, constituye un "primer paso" dentro del proceso abierto por la Junta para reducir "trabas administrativas" y evitar que proyectos que puedan generar actividad económica y empleo se puedan quedar "en el cajón".
El decreto agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.
De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente. Todos ellos se suman a los 85 ya simplificados por la Junta desde el año 2011, lo que hace un total de 149.
En mayor o menor medida, la norma aprobada considera que estas autorizaciones no están justificadas por razones de interés general o son innecesarias o desproporcionadas. Entre las que se simplifican o eliminan, las más numerosas corresponden a actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medio ambiente y el juego y los espectáculos públicos.
De este modo, se incluyen las relativas a la construcción o creación de centros de servicios sociales; el establecimiento de horarios especiales en hostelería de hospitales, aeropuertos y estaciones de servicio, o el uso y aprovechamiento de terrenos forestales.
Los 64 procedimientos simplificados forman parte del catálogo de los 220 derivados de la normativa autonómica que el Gobierno andaluz ha analizado exhaustivamente desde principios de este año para estudiar sus posibilidades de agilización. De ellos, se identificaron 26 afectados también por la legislación estatal, sobre los que no se puede actuar. De los 194 restantes, 130 se mantienen por razones de interés general, orden público, seguridad y salud pública, medio ambiente o protección del patrimonio histórico.
Para la agilización de los 64 trámites finalmente seleccionados, el decreto Ley dispone la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes. Las leyes afectadas son la de Juego y Apuestas; la de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia Energética; la de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la reguladora de la Mediación Familiar; la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; la de Sociedades Cooperativas, y la de Salud Pública, así como el decreto legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior.
SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR
Otra medida novedosa del decreto Ley es la creación de la iniciativa 'Andalucía emprende más' (@mprende+), un servicio de apoyo al emprendedor que se pondrá en marcha en el plazo de un mes para facilitar la creación de nuevas empresas de forma rápida y gratuita.
De acuerdo con esta iniciativa, la Junta se compromete a reducir los tiempos y trámites para la constitución de un negocio y a correr con los gastos notariales y de registro que ello conlleve. De este modo, se disminuirá de un mes a cinco días el trámite de constitución de una cooperativa; se impulsará la creación de Sociedad Limitada o Sociedad Limitada Nueva Empresa en un máximo de 48 horas, y en el caso de la autorización para las sociedades laborales se otorgará en tres días (frente a la media actual de tres meses).
Además se ofrecerá el asesoramiento necesario para que los interesados se den de alta como autónomos en un solo día.
La iniciativa '@mprende+', gestionada por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, contará con puntos de atención en los más de 200 Centros de Apoyo al Emprendedor (CADE) repartidos por el territorio y en las oficinas provinciales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). También podrán participar, a través de acuerdos de colaboración, entidades como ayuntamientos, diputaciones y cámaras de comercio.
De otro lado, el decreto Ley recoge también novedades relacionadas con la Calificación Ambiental y con la creación de la figura de la 'Declaración de Inocuidad' para actividades económicas a efectos de concesión de licencias municipales.
En el primer caso, la norma establece 36 categorías económicas en las que será suficiente la presentación de una declaración responsable para iniciar la actividad. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, lavanderías, carnicerías o pescaderías de venta al por menor con una superficie inferior a 750 metros cuadrados o lavaderos de vehículos a motor con menos de 300.
En cuanto a la figura de actividades económicas inocuas, tal y como recoge la reciente Ley estatal de Unidad de Mercado, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar como tales aquellas que no generan molestias significativas, alteraciones de las condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente, daños a bienes públicos o privados y riesgo para las personas. En estos casos se agilizará la concesión de licencias municipales y se eximirá de la realización de estudios de impacto ambiental.
Finalmente, el decreto Ley refuerza las funciones de regulación económica de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que pasará, además, a ejercer como punto de contacto ante posibles reclamaciones de los operadores económicos. Asimismo, también prestará asesoramiento a las corporaciones locales en la elaboración de sus normativas.
