Montilla: "Tenemos que ponernos de acuerdo en el modelo de soterramiento y en cuánto dinero pone cada administración"

Pese a haber tomado posesión oficial del cargo hace solo una semana, José Antonio Montilla (Córdoba, 1966) es desde hace poco menos de un mes el máximo representante del Gobierno de España para la provincia de Granada, poltrona en la que sustituye a Inmaculada López Calahorro. Profesor y catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, el nuevo subdelegado del Gobierno acumula un amplio currículum con cargos en la Administración de alto nivel. Ha sido, entre otros, delegado de Cultura de la Junta, miembro del Congreso de los Diputados, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y, posteriormente, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales. De carácter afable y tono conciliador, Montilla afronta este reto con mucha ilusión y, según afirma, con la seguridad y tranquilidad de conocer los importantes asuntos que tiene que gestionar. Así lo ha trasladado en la visita que ha realizado a GranadaDigital, donde ha tenido la oportunidad de desglosar los principales proyectos en esta legislatura y los temas más candentes de la actualidad, como la entrada del tren de forma soterrada a la estación de la capital, los cortes de luz, los espigones de las playas de la costa o la conducción del agua desde la presa de Rules, entre otros muchos asuntos. Como experto de Derecho Constitucional, también ha dado su opinión sobre la polémica Ley de Amnistía.

La entrevista se puede escuchar íntegramente en podcast:

Pregunta: Lleva desde el 9 de enero en su nuevo cargo. ¿Cómo se siente, qué tal ha sido la entrada?

Respuesta: Ha sido un cambio de vida. Lo he hecho otras veces, pero estás acostumbrado a la Universidad, a la tranquilidad, al estudio, a la investigación y, de pronto, vuelves a la dinámica de la gestión pública. Me encuentro cómodo, porque me hace mucha ilusión representar al Gobierno de España en la provincia de Granada. Creo que los temas los conozco, aunque estoy ahora formándome en los detalles y, por tanto, a intentar impulsar los proyectos del Gobierno en la provincia y a intentar explicar las decisiones del Gobierno de España que nos afectan.

P: No hace mucho, los gobernadores civiles y subdelegados fijaban su residencia en el maravilloso Palacio de Los Müller, sede de la Subdelegación. ¿Cuál es su intención?

R: Yo tengo mi casa en La Chana y ahí seguiré viviendo. El palacio es magnífico, un sitio espléndido y nuestra idea es abrirlo. Ya lo hizo la anterior subdelegada y queremos profundizar en esa idea: abrir a la ciudadanía el edificio de la Subdelegación.

P: Vamos a entrar en materia con los temas más candentes que le afectan. El primero, el soterramiento de la entrada del tren en la capital. En esta ciudad, cada vez que se afronta un proyecto importante, da la sensación de que se eterniza y siempre genera polémica con los dos principales partidos políticos tirándose los tejos unos a otros y, la ciudadanía se desespera, porque lo que quiere es que se avancen en estos proyectos y cómo y cuándo se van a hacer. Entonces, ¿va a haber soterramiento o no? ¿Desde dónde se va a hacer? ¿Cuál es la apuesta del Gobierno de España para esta necesidad?

R: Efectivamente, a mí también me molesta esa forma de entender la política, siempre con el enfrentamiento y crispación, con el tú más o el tú eres el culpable. Aquí hay una situación y hay que buscar la mejor solución. Está claro que hay que integrar el tren en la ciudad. Ahora hay que decidir cómo se hace. Y eso lo tienen que acordar las tres administraciones implicadas (Ayuntamiento de Granada, Junta y Gobierno de España) y lo tienen que acordar mirando todos los elementos: impacto, coste y cuál es la mejor solución desde el punto de vista técnico. Con lo cual creo que, en lugar de intentar entrar en un debate maniqueo y utilizarlo como arma arrojadiza, se trata de sentarse en una mesa, qué es lo que se quiere hacer, qué cuesta la obra y así llegar a un acuerdo entre todos. Creo que esa es la única vía, buscar el acuerdo de la mejor forma de integración. ¿Soterrado o no soterrado? Está claro que hay partes que tienen que ir por debajo de tierra. Pero esto es un proyecto muy grande y tiene que ser un gran proyecto histórico para la ciudad de Granada.

P: La solución del Gobierno de España a día de hoy, ¿cuál es? ¿Y qué plazos maneja?

R: La solución es la que se acuerde. Hay que sentarse y llegar a un acuerdo del modelo que se quiere y también diciendo cada cual cuánto está dispuesto a aportar para hacerlo, porque eso elemento también es importante. Son tres administraciones y a ver cuánto pone cada una.

Conducciones de Rules

P: En esta misma línea, está el tema de la presa de Rules y las conducciones. Ha sido desesperante para los granadinos. ¿Cuándo van a estar operativas?

R: Eso está más avanzado. Conozco muy bien este tema de la época que estuve en el Gobierno de España, porque era otro típico asunto de Granada que estaba metido en un cajón. En estos últimos cinco años hemos conseguido hacer toda la tramitación de la primera parte, que es la fundamental, porque es la gran tubería que luego permite el reparto de las canalizaciones. Y no es que solo se haya avanzado en la parte administrativa, es que se ha garantizado la financiación, se han adjudicado las obras y el 8 de enero ya se firmó con la empresa constructora San José para que empezaran las obras. En 29 meses lo tienen que tener terminado. El desglosado 9 de Rules ya está en marcha. Son 32 kilómetros de tuberías. Nosotros ya estamos pensando en el desglosado 3, que es el proyecto que ahora en marzo tiene que estar presentado.

P: También hay desesperación en los habitantes de Playa Granada por los años de tardanza en la construcción de los espigones para evitar los destrozos que producen los temporales. ¿En qué punto está este proyecto?

R: El espigón de Playa Granada también ha terminado la tramitación administrativa. Lo más delicado en estas protecciones del litoral son las tramitaciones administrativas y, especialmente, las ambientales. Ahora la mesa de contratación se reunirá en unas semanas y ahí ya adjudicarán la licitación, adjudicación… ¿Qué tiempo? No puedo calcular cuánto se tarda en licitar y adjudicar una obra, porque eso depende de muchas circunstancias, pero ya sabemos que serán meses. Y, luego, sí sé que son ocho meses lo que tarda la construcción. Después vendrá el proyecto de La Rábida, seguiremos con el de Salobreña, el de Castell y así todo el plan de protección del litoral.

P: En la costa granadina precisamente está uno de los grandes sueños de la provincia: una vía de tren que llegue de Granada a Motil y a su puerto, que debe ser el único puerto de España que creo que no está conectado por ferrocarril. ¿Es una obra viable?

R: Ahí hay que reconocer que todos nos hemos llevado una decepción, porque se presentó por parte del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo la enmienda a la red transeuropea, se aprobó la enmienda por el Parlamento Europeo, pero luego la Comisión Europea rechazó todas las enmiendas y dejó el proyecto como estaba Inicialmente. Entonces, ante eso ¿qué podemos hacer? Pues seguir trabajando e intentando explicar en todos los foros, pero, fundamentalmente en los foros europeos, que en este caso es quien tiene la gran decisión, la importancia de conectar en el marco del Corredor Mediterráneo, conectar Granada con Motril.

Los cortes de luz

P: Hay un asunto que está afectando a muchos puntos de la provincia y, de forma especial, al distrito Norte de la capital: los cortes de luz. Muchos vecinos no tienen culpa de las razones por las que no pueden disfrutar de suministro eléctrico porque ellos pagan su factura. Y hay casos de gente que lo está pasando realmente mal. No sé si ha faltado sensibilidad por parte de las administraciones, si ha faltado contundencia, pero lo cierto es que lo están pasando muy mal y están demandando una solución de forma constante y esa solución no les ha llegado.

R: Efectivamente, a mí ese es un asunto que me preocupa y me interesa especialmente, porque son las personas. Si a las personas no les puede garantizar la luz, el discurso sobre el estado del bienestar se te cae. Y yo soy socialista. Mi objetivo es que la igualdad sea real y efectiva para todos. El asunto de los cortes de luz me preocupa de manera especial y hay que abordarlo bien, porque a veces se plantea como criminalización de un distrito y no es así. Estamos ante un grave problema social y hay que tomar medidas sociales. Son las administraciones competentes en materia de asistencia social las que tienen que hacer un gran plan para el distrito norte de Granada. Luego, hay que reforzar los transformadores y todas las instalaciones. Y, por supuesto, hay que luchar contra los enganches ilegales. ¿Qué nos dicen a nosotros la Policía Nacional? Que no es verdad que haya una relación completa entre enganches ilegales y cultivo de marihuana. Que apenas un 5 o un 10% de los enganches ilegales están vinculados al cultivo de marihuana. Por tanto, hay que disociarlo. Esa no puede ser la excusa para el déficit de los cortes de luz. Estamos ante el problema de que hay ciudadanos que tienen unas necesidades que no se ven satisfechas y ante unas administraciones que tenemos que actuar todas juntas para resolverle el problema a esas familias. Y no podemos buscar excusas como la marihuana. Es todo, una situación social, unos enganches ilegales, unas instalaciones eléctricas obsoletas y unos transformadores obsoletos. Y una situación también que puede haber de delincuencia que se persigue por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es muy importante que lo afrontemos así porque estas personas no pueden estar en esta situación.

P: Sobre este tema, sí es preocupante la proliferación de plantaciones de marihuana en Granada y en toda la provincia. Granada, capital de la marihuana no es un buen eslogan y, además, están provocando un problema de seguridad y delincuencia.

R: No es solo un problema de Granada. Lo que ocurre es que en Granada vamos con cierto adelanto en la lucha contra este fenómeno. Aquí lo que sí hay son más intervenciones que en otros sitios porque tenemos mucha más experiencia. La lucha contra ese fenómeno de delincuencia se va a mantener y se va a fortalecer sin ninguna duda. Pero es verdad que es un fenómeno que está apareciendo en otras provincias y que en Granada vamos un poquito más adelantados en la respuesta que se le está dando porque las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado tienen mucha experiencia unos resultados muy notables.

P: Ha habido muchos casos de violencia en los últimos tiempos, con tiroteos, navajazos, etc. ¿Estamos seguros en Granada? ¿Cómo están los índices de criminalidad?

R: Los índices nos dicen que tenemos un 9% menos que la media nacional. Además, los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esclarecen con eficacia los sucesos y esto es muy importante para la ciudadanía. El nivel de investigación es muy elevado y cuando ocurren los hechos que ocurren, son esclarecidos y, posiblemente, los autores son detenidos.

P: Ahora, por el cargo que ocupa, y como responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otras responsabilidades, tendrá que permanecer las 24 horas en alerta con un teléfono al lado sabiendo que puede sonar en cualquier momento.

R: Sí, pero yo estaba en el Gobierno de España en la época de la pandemia como secretario de Estado, tanto de asuntos constitucionales como de relaciones con las Cortes, con lo cual eso de estar en vela y que te llamen a las tres de la mañana o a las cuatro de la mañana estoy acostumbrado.

Agencia Estatal de Salud Pública

P: La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho esta semana que el consejo de Ministros va a reactivar la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. ¿Granada tiene capacidad para ser la sede de esta agencia? ¿Va a optar a ello? ¿Se va a apoyar desde el Gobierno de España la candidatura de Granada? Y, además, ¿tiene opciones de acoger la sede después del fiasco que supuso la Aesia?

R: Por supuesto que Granada tiene la capacidad para ser la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo que tiene nuestra candidatura, y siento decirlo, es una gran debilidad. Y es que aquí teníamos una Escuela Andaluza de Salud Pública, una referencia mundial, y la Junta de Andalucía la ha desmantelado. Ya no existe como tal, es una estructura de la Consejería de Salud que está en Sevilla. Es decir, Granada, para la Junta de Andalucía, no es la referencia andaluza en salud pública. Lo siento, pero cuando montemos la candidatura, y ahí estaremos apoyándola, llevaremos el lastre de la Junta. ¿Cómo va a defender que Granada es la referencia de España en salud pública cuando no considera que lo es de Andalucía? No creo que el PP defienda que desmantelar la Escuela Andaluza de Salud Pública sea bueno para la candidatura de Granada. Es que, además, teníamos el argumento idóneo, con una Escuela Andaluza de reconocimiento mundial, con unos profesionales con gran prestigio. Alguien tendría que explicar por qué ha desmantelado la Junta la Escuela Andaluza de Salud Pública.

P: ¿Cree que esa circunstancia puede lastrar mucho la candidatura de Granada?

R: Es que nos supone una gran debilidad, vamos con las manos atadas y, aun así, habrá que tirar para adelante. Todavía la Junta puede dar marcha atrás.

P: Otro proyecto muy importante es la elección de Granada por parte de ADIA Lab como sede europea para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esto está pendiente de la aprobación de cuatro millones de euros por parte del Gobierno de España. ¿En qué situación está?

R: Es un tema que me interesa mucho. Se han producido cambios en el Ministerio y esto ha paralizado un poco el proceso, pero estamos en ello porque ADIA Lab es un gran proyecto, hay un acuerdo, hay un convenio firmado y los acuerdos se van a cumplir. Se ha demorado por los cambios administrativos en el Ministerio pero que nadie dude de que el acuerdo se va a cumplir.

El problema de la sequía

P: La sequía es un problema muy preocupante. ¿Qué va a hacer el Gobierno de España para ayudar en esta situación que, además, está afectando de forma muy grave a los agricultores?

R: Sí, ese es uno de los grandes problemas que tenemos para los próximos años. El Gobierno de España lleva tiempo haciendo labor de prevención, que es importante. Porque, claro, de pronto descubres que tienes un problema con la sequía y hace nada estabas legalizando pozos ilegales. Eso también es incoherente. Desde 2018, en transición ecológica, la gestión del agua es prioritaria. Lo que podemos hacer es racionalizar el uso del agua, garantizar que no se pierda ni una gota. Las medidas que se están tomando y las actuaciones del Gobierno de España van en este sentido. Por ejemplo, en regadíos eficientes, donde no se pierda agua. Por eso, en la zona norte de Granada, en Cuevas del Campo, hay una inversión de 24 millones de euros en tres fases de regadíos eficientes. También hay una partida del plan de recuperación para impermeabilización de los embalses. Así mismo, el Gobierno de España ha aportado 7 millones de euros a la Diputación de Granada para digitalizar el ciclo urbano. Es decir, se trata de que seamos capaces de gestionar el agua que tenemos de manera mucho más eficiente, mucho más racional.

P: Y ayudar a las personas que se ven perjudicadas por esta situación.

R: Son importantes las transiciones justas. Hacer planes globales que miren al que puede perder en este proceso. Hay que estar muy pendiente desde las administraciones públicas para que tengan el escudo social esas personas o esos colectivos que van a perder con esta nueva situación que se va a producir.

P: Existe una obligación de las administraciones de proteger a los más débiles, a los colectivos más vulnerables que lo necesiten. Los políticos, cuando acceden a estos cargos tan importantes, deben tener el objetivo de ayudar a los demás, la conciencia de la gran oportunidad que eso supone y también el compromiso.

R: Si yo estoy en política es por eso. No me interesa nada el glamour, a mí lo que me interesa es poder ayudar a la gente. Y lo que me interesa del programa de mi partido, el Partido Socialista, son las políticas sociales que se han puesto en marcha desde 2018, ese escudo social que ha sido capaz de generar y de demostrar algo que antes se negaba, y es que se podían subir las pensiones o subir el salario mínimo interprofesional y seguir creciendo mucho más que el resto de Europa y, además, creando empleo, 800.000 empleos en el año 2023. Esa es la parte que me interesa. También las políticas de modernidad, como la digitalización o la transición energética. Pero, sin duda, la parte que me interesa de la política, a lo mejor por mi origen de la cultura cristiana, es ayudar a los demás.

La Ley de Amnistía

P: Es catedrático de Derecho Constitucional y la Constitución está ahora mismo cuestionada por muchos sectores y por algunas de las decisiones que se están tomando. Como profesor, y no como político, me gustaría que ofreciera su opinión sobre el tema de la Ley de Amnistía y cómo explicarle a la gente que las concesiones que se están otorgando son buenas o malas para la democracia de este país. Y, claro, si es una ley constitucional.

R: Como constitucionalista, llevo meses estudiando el asunto y, por supuesto, pienso que es constitucional. ¿Esto es bueno? Hay una crisis política en Cataluña desde 2017 que, en algún momento, habrá que cerrar. Y este gobierno, yo creo que con valentía, decidió que había que normalizar la situación de Cataluña a través de las medidas de gracia. En la legislatura pasada lo hizo con los indultos de los líderes políticos y en esta legislatura va a abordar la amnistía que ya no afecta a los líderes políticos, aunque haya alguno por ahí que se pueda beneficiar de esa situación. Es para toda esta gente, como los directores de colegios que abrieron las escuelas para el referéndum, los informáticos que participaron en el referéndum, los bomberos que también intervinieron... Es decir, hay varios cientos de personas que tienen procesos pendientes en los próximos años, en los que se les piden tres o cuatro años de cárcel y eso, sin duda, no va a normalizar la situación en Cataluña si no se resuelve. Por lo tanto, en el marco de una negociación de investidura, que es el momento de hacer esas negociaciones cuando vas a formar un gobierno, ha decidido que, aunque el modelo era el indulto, se ponga en marcha una ley de amnistía que cierre definitivamente una crisis política que, además, se generó con un gobierno anterior. Esto afecta a 300 o 400 personas en Cataluña. No me parece, sinceramente, que sea el problema fundamental para la ciudadanía de Granada. Lo que pasa es que creo que, a veces, por no hablar del crecimiento económico, de pensiones, de salario mínimo, de ingreso mínimo vital o de cosas que realmente nos afectan a nuestro día a día, nos perdemos en debates identitarios, esencialistas, el independentismo catalán o como ETA que, en el fondo, saca el elemento más irracional de la sociedad.

P: ¿Quiere añadir algo más antes de finalizar esta entrevista?

R: Simplemente, mostrar mi voluntad a dialogar, a colaborar con todas las administraciones. Yo entiendo la política siempre como diálogo y colaboración para encontrar acuerdos y para dar soluciones a los problemas. El rifirrafe ese de ‘yo he dicho, tú has dicho’ a mí eso no me encaja demasiado en mi forma de entender la política y tampoco de entender la vida.