Espadas y Aguayo anuncian préstamos reintegrablespara comprar viviendas a precio hipotecario

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, presentarán hoy un nuevo producto financiero que supone la puesta en marcha de préstamos reintegrables para los ciudadanos que adquieran unas determinadas viviendas en "stock", cuyos propietarios se comprometen a vender a un precio equivalente a su valor hipotecario, lo que supone una rebaja mínima del 20 por ciento y que puede alcanzar el 30 por ciento.

A preguntas de los periodistas, tras inaugurar unas jornadas de CCOO-A sobre el empleo en el sector de la construcción, Espadas apostó por el desarrollo de este producto financiero para eliminar el "lastre" de las viviendas sin comprador para los promotores y vendiendo esas 70.000 en "stock" al precio de la hipoteca para retirar los activos inmobiliarios del sector financiero y garantizar el acceso de la población a un inmueble.

   Así, anunció la puesta en marcha de préstamos reintegrables para los ciudadanos para la adquisición de unas determinadas viviendas, cuyos propietarios --promotores, constructores o entidades financieras-- comunicarán su salida al mercado por el coste de su valor hipotecario, lo que supone una "rebaja sustancial" del precio par los ciudadanos, cifrado entre el 20 y el 30 por ciento. Así, apuntó a que un inmueble de 190.000 euros podría encontrarse escriturado por 160.000 euros.

   También, indicó que el valor hipotecario de los inmuebles es del 80 por ciento y que los préstamos bancarios a las constructoras retienen además el 15 por ciento del valor, que sólo otorgan si el inmueble se vende. En este sentido, explicó que este valor hipotecario al que se vende la vivienda será constatado por la Administración y valoró la contribución de la Junta para dar solución al problema del sector con esta iniciativa, que depende de la "voluntariedad" del dueño de la vivienda para rebajar su precio.

"La medida es buena desde el punto de vista económico, al suponer un incremento la capacidad y el mantenimiento de las empresas del sector de la construcción y de los más de 20 áreas productivas que dependen de él", matizó Espadas, quien concretó que la iniciativa supone "beneficios para todos al volver a mover la maquinaria".

IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Espadas intentará igualmente implicar en la medida a las entidades financieras para que, en la medida en que obtienen nuevos recursos por medio de estas ventas, dediquen parte de estos montantes a cumplir con los compromisos adquiridos con la Junta en esta materia. Además, matizó que la prioridad será la venta de los inmuebles de las empresas, frente a las que cuentan las propias entidades.

Recordó que la Junta puso en marcha una herramienta informática para analizar las viviendas en stock, donde afloraron unas 70.000, de las que 9.000 pertenecen a promotores y constructores y el resto a entidades financieras. "Las estimaciones apuntaban a la existencia de un unas 110.000 viviendas, que no han aparecido por el momento al no existir interés por parte de sus propietarios de bajar el precio", aclaró.

Por otra parte, avanzó que Andalucía se encuentra "a la cabeza" de España en número de viviendas iniciadas en el primer semestre del año, con 9.823, un 35 por ciento más que en 2008, siendo el 47,6 por ciento del total viviendas de protección oficial (VPO). Además, en el segundo trimestre se iniciaron 4.750, superando por primera vez a las de renta libre comenzadas en el mismo periodo.

En cuanto a viviendas terminadas, Andalucía registró un total de 4.852 inmuebles en el primer semestre, lo que supone el mejor dato nacional, tras la Comunidad de Madrid.

PLAN VIVIENDA Y RECUPERACIÓN

En este marco, Espadas mostró "cierta frustración" al existir proyectos y suelo para viviendas que "no pueden ir más rápido", ante determinadas circunstancias entre las que mencionó la financiación para poder "conseguir más en menos tiempo".

Además, que "hay que pasar de voluntades a obligaciones y aprobar la normativa", ya que tras su puesta en marcha las Administraciones tendrán que crear un registro público de demandantes de empleo y otorgar suelo para la construcción de viviendas "por ley".

En paralelo, insistió en el "desbloqueo" de los planes urbanísticos, con unos 203 aprobados que afectan al 45 por ciento de la población andaluza.

En su intervención, Espadas previó que 2010 será un año "malo, seguramente", pero advirtió de que el final del ejercicio será "distinto" y esperó que el sector recupere empleo y volumen en 2011, "si se continúan las pautas marcadas, para contar con un cimientos que duren unos 25 años".

Por último, instó a no "demonizar al sector ni a lo que supone construir viviendas para cubrir necesidades de los ciudadanos, siempre que se haga a un ritmo y modo correcto".

"DESCONFIANZA" DEL EMPRESARIADO

Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, "desconfió absolutamente" de que se otorgue dinero público al sector de la construcción e inmobiliario ante el desarrollo de esta nueva medida, aunque valoró la "voluntad" de Espadas.

"Estos empresarios son los que han ocasionado el fracaso del sector", afirmó el sindicalista, quien criticó que se dé dinero público a unas empresas que "no cumplen los convenios colectivos, carecen de compromiso social, fomentan la economía sumergida y ejercen presión para mantener sus márgenes de beneficio".

Carbonero insistió en que en los dos últimos años se ha hecho "más" en política de vivienda que en las dos décadas anteriores, aunque advirtió de que la crisis no deja "por el momento" ver los efectos.

El sindicalista criticó la "especulación" propiciada por la banca y por los empresarios que "pretendían ganar hasta cuatro veces más" y pidió a la Administración que cumpla con sus compromisos en materia de vivienda, apuntando a problemas como la falta de suelo, "donde los ayuntamientos no pueden ser agentes pasivos y aprobar sus planificaciones", o la financiación.

"Raya la desvergüenza que las empresas no paguen a los trabajadores lo pactado y que además lleguen a poner en riesgo a algunas cajas andaluzas, porque lo han consentido", sentenció el máximo representante de CCOO-A. Además, lamentó la "extorsión" realizada por los empresarios a los trabajadores, "subastando el empleo al que menos cobre", y a la Administración, "a quien piden un aumento de los presupuestos de las obras una vez comenzadas".