España, en el puesto 34 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 de RSF

España se halla en el puesto 34 de un total de 180 países incluidos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2016 y no registra ningún periodista, internauta o colaborador asesinado y/o encarcelado, según se desprende del Informe Anual 2016 de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que la organización ha hecho público este miércoles 8 de febrero.

Así, el capítulo de este informe dedicado a España muestra que los temas de mayor relevancia en 2016 han sido la liberación, en mayo, de los tres periodistas freelance españoles, secuestrados en Siria desde el verano de 2015, y el "impacto negativo contra el libre ejercicio del periodismo que ha supuesto la ley de Seguridad Ciudadana", en su primer año de vigencia.

Por otra parte, el Informe Anual 2016 refleja que durante el pasado ejercicio varios periodistas han sido sancionados con "fuertes multas" administrativas por fotografiar manifestaciones, sucesos y acontecimientos en la calle y otros han sufrido medidas judiciales contrarias al derecho a informar, aunque en la mayor parte de los casos las peticiones fiscales se acabaron retirando o no prosperaron.

En concreto, RSF recuerda que en enero volvió a pedir al Gobierno que gestionase Estados Unidos la aclaración y rectificación de la situación del periodista Manuel Martorell, a quien el Ejecutivo estadounidense prohibía viajar al país al ser considerado terrorista, "presumiblemente debido a los numerosos libros y reportajes que ha publicado sobre la cuestión kurda". "La situación que afecta directamente a la actividad profesional de Martorell no se ha solucionado aún", ha añadido.

Respecto a las sanciones a periodistas en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, el informe detalla que en abril Axier López, de la revista Argia, fue multado con 601 euros por publicar en Twitter la foto de una detención y que, respaldado por su medio y por el Parlamento de Navarra, no hizo efectiva la multa impuesta.

"Esta Ley, cuestionada por todos los partidos excepto el Partido Popular en el gobierno, ya ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por varios medios y juristas españoles, por las cortapisas que supone para el libre ejercicio de la información, especialmente las relacionadas con la prohibición de tomar y/o difundir fotografías de acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la autoridad", ha manifestado la organización.

En este sentido, RSF ha aclarado que en 2016 se impusieron más sanciones como la de Esther Yáñez, del canal #0 de Movistar+, que multada con la misma cantidad que su colega por infracción grave por fotografiar una cacerolada de protesta ante la sede del PP y no entregar las fotos a la policía; o la de Mercè Alcocer, de Catalunya Ràdio, por acercarse al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, cuando iba a declarar ante la Audiencia Nacional por un caso de corrupción.

Otro de los casos que refleja el informe de Reporteros Sin Fronteras es el de los periodistas de ABC Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, a quienes la fiscalía pidió en abril dos años y medio de cárcel por presunta revelación de secretos en el 'caso Bárcenas'. "Una petición contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que hace prevalecer el derecho a la libertad de información cuando lo publicado es veraz y de interés general", ha indicado la organización, al tiempo que añade que finalmente el fiscal retiró la petición de prisión y pidió el archivo del caso, aunque la acusación particular la mantiene.

EL DEFENSOR DEL PERIODISTA

No obstante, el informe también recoge hitos positivos del pasado año, como la solicitud del entonces ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, al secretario general de Naciones Unidas para la creación de la figura de un defensor de los periodistas ante la ONU; y la liberación el 7 de mayo en Turquía de Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, los tres periodistas españoles secuestrados en Alepo (Siria), en el verano de 2015.

En este punto, RSF recuerda que el Gobierno español señaló que su liberación había sido posible gracias "al trabajo de muchos servidores públicos y la colaboración de países aliados y amigos", entre los que destacó a Turquía y Catar. "Aunque no de forma oficial, su secuestro se atribuyó al Frente Al Nusra (la filial siria de Al Qaeda), que controlaba la zona en la que desaparecieron el 12 de julio de 2015", ha subrayado.

Sin embargo, como apunta el informe, pocos días después se denunció la desaparición de la corresponsal de 'El Mundo' en Colombia, Salud Hernández-Mora, en el municipio de El Tarra, en la región de Catatumbo, donde operaban varios grupos guerrilleros, y a la que se había desplazado para realizar un reportaje. Una semana después el Ejército de Liberación Nacional la liberó en una misión humanitaria de la iglesia católica situada en la misma región, muy cerca de la frontera con Venezuela.

El informe también refleja que en junio, el diputado del PP por Asturias David González Medina acusó a Marcos Moro e Íñigo Noriega, del diario El Comercio, de un presunto delito de revelación de secretos y solicitó pena de prisión, por publicar que había sido condenado en 2004 por tráfico de droga y sancionado por consumo de estupefacientes.

"Moro y Noriega aportaban testimonios y datos obtenidos en diversas fuentes y hasta el propio fiscal del caso admitió no haber averiguado el modo en que los periodistas obtuvieron la información, a pesar de los cual solicitó para ellos cinco y tres meses de prisión respectivamente, aun reconociendo que la presunta revelación de secretos era consecuencia de la labor periodística", ha matizado.

Asimismo, un juez de Madrid prohibió en diciembre a 'El Mundo' la difusión del 'caso Football Leaks' y abrió la posibilidad de imponer a su director, Pedro G. Cuartango, penas de hasta cinco años de cárcel. La medida judicial se produjo a raíz de una denuncia de la asesoría fiscal Senn Ferrero Asociados, que adujo que la información tenía su origen en un ataque informático, y, según el auto, trataba de proteger datos confidenciales, fiscales y legales de sus clientes, además de una investigación judicial sobre el asunto que ya estaba en marcha.

"Se trató de un intento de censura sobre una información de indudable interés general. El periódico había anunciado la publicación de un escándalo de evasión fiscal en el fútbol profesional, conocido como Football Leaks, que implicaba a relevantes figuras que trabajan o han trabajado en La Liga española, y que había sido investigado por un consorcio europeo de periodismo del que forman parte, además de 'El Mundo', 'Der Spiegel', 'L'Espresso' y 'The Sunday Times', entre otros", ha remachado.

Finalmente, ha recordado que 'El Mundo' recurrió el auto y siguió adelante con la publicación, mientras que el juez emitió un nuevo auto extendiendo la prohibición de publicar el tema a los otros doce medios europeos que lo habían investigado a pesar de no tener jurisdicción para ello.