El exalcalde de Castril a juicio por supuesto gasto indebido de 47.246 euros en taxis

La Fiscalía de Granada ha solicitado para él cuatro años y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación de caudales públicos, según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El periodo investigado abarca desde 2008 a 2011, cuando a juicio del fiscal el entonces alcalde "abusando de su condición de autoridad", "consciente de la ilegalidad de su actuación" y del "perjuicio que causaba al interés general", supuestamente ordenó y autorizó el pago de numerosas facturas emitidas por un determinado taxista.

Lo hizo con cargo a los desplazamientos realizados en el taxi puesto a su disposición en calidad de alcalde para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, "la mayoría de los viajes realizados eran de carácter privado y no guardaban relación alguna con el ejercicio de las funcionas propias de su cargo", según el relato fiscal.

Las facturas emitidas en este periodo, ninguna superior a los 4.000 euros, ascendieron a 47.246 euros, cantidad que fue abonada por el Ayuntamiento de Castril "con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas". Tras desgranar las numerosas facturas emitidas por estos desplazamientos a lo largo de tres años, el fiscal concluye que el exregidor "no ha justificado que los viajes se realizaran para llevar a cabo actividades relacionadas con su cargo" ni consta expediente alguno ni documentación que justifique estos viajes.