Los exdirectivos de la Federación Andaluza de Hockey niega apropiación de dinero y defiende su gestión

Los que fueran presidente y vicepresidente entre 2008 y 2012 de la Federación Andaluza de Hockey (FAH), con sede en Granada, han defendido este martes su gestión al frente de este organismo y han negado haberse apropiado de más de 94.000 euros de manera irregular durante el juicio que ha comenzado contra ellos en la Audiencia de Granada.

La Fiscalía ha solicitado para ambos seis años y siete meses de prisión, y otros siete meses de cárcel para el secretario de esa junta directiva, por delitos de desobediencia y apropiación indebida. Los tres se han declarado inocentes y a través de su defensa han solicitado la libre absolución en esta causa.

Concretamente ha defendido su gestión contable durante el tiempo que estuvieron al frente de esta federación deportiva, alegando además que las cuentas eran remitidas "íntegras" a la Junta de Andalucía de forma periódica, con todos los movimientos y transferencias, y nunca se formularon reparos ni objeciones por parte del Gobierno andaluz, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

El fiscal acusa a los tres además de un delito de desobediencia hacia la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por su supuesta negativa a convocar elecciones en 2012 "como era preceptivo en el año en que iban a celebrarse los Juegos Olímpicos de Londres". Según sostiene el fiscal, no lo hicieron y la Junta ordenó el nombramiento de una comisión gestora que sustituyera a la junta directiva y el consiguiente cese de sus cargos, así como la entrega de la documentación a la gestora.

Sin embargo, según mantiene el fiscal, "se opusieron a su cese, al traspaso de poderes de la Comisión Gestora y a la entrega de la documentación de los años 2008 a 2012, pese a los requerimientos por escrito y a la convocatoria de tres reuniones, a las que rehusaron ir". Los tres acusados han negado estas acusaciones, asegurando que sí convocaron elecciones pero fueron impugnadas, lo que provocó que el proceso se retrasara.

Por este motivo consideraron que la orden de la Junta no se ajustaba a derecho e interpusieron un recurso contencioso-administrativo para tratar de suspenderla, el cual se desestimó el 24 de julio de 2014.

Para la Fiscalía, su negativa a cesar en el cargo estaba motivada por el "apoderamiento que tanto el presidente como el vicepresidente habían realizado sobre el patrimonio de la federación en provecho propio", sin quedar acreditado que el secretario tuviera conocimiento y participación en los hechos. El supuesto quebranto a la Federación se ha fijado en algo más de 94.000 euros. El juicio está previsto que continúe esta semana.