Expertos piden medidas ante las altas tasa de mortalidad por el uso de opioides

La tasa de mortalidad por el uso de opioides "ha superado la de la epidemia de sida en su punto máximo a principios de la década de 1990", momento en que "no había un tratamiento eficaz para el VIH o sida", informa la profesora de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, Silvia Martins.

La existencia de un tratamiento biomédico eficaz rara vez es suficiente para combatir una epidemia, lo que sugiere que tanto la respuesta social como la biomédica a la crisis de opioides son necesarias para ser eficaces, según una investigación sobre el VIH de la misma institución.

El artículo, publicado en el 'New England Journal of Medicine', sugiere que hay importantes lecciones que aprender de los éxitos y los fracasos de la respuesta al sida, ya que podrían conformar una respuesta a la epidemia de opioides.

Más de 2 millones de estadounidenses tuvieron un trastorno por uso de opioides en 2016. La tasa de muertes por sobredosis de este medicamento ha aumentado en un 500 por ciento desde 1999, según datos del estudio.

En el caso del VIH, "los beneficios del progreso científico se han distribuido de manera desigual, con crecientes disparidades étnicas y relacionadas con la sexualidad", puntualiza la experta del departamento de Ciencias Sociomedicas, Caroline Parker. Esta falta de equidad "debería llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de los factores sociales para determinar quién se beneficia de las terapias biomédicas eficaces", añade.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA LOS OPIOIDES

Para mejorar el impacto en la salud de la población del uso de opioides con el tratamiento asistido por medicamentos, los investigadores proporcionan un plan de acción de cinco puntos en el que primero se identifiquen las barreras culturales, sociales, económicas y estructurales para atender al 80 por ciento de las personas con trastornos por el uso de opioides que actualmente no reciben tratamiento, según la investigación. "La existencia de un tratamiento médico eficaz no significa que las personas que necesitan tratamiento puedan obtenerlo y así lo obtendrán", aclara Parker.

El segundo paso sería dejar de considerar solo a una persona a la vez y abordar así los factores estructurales de la crisis, como la atención de la salud con fines de lucro, la regulación insuficiente de los mercados farmacéuticos y el deterioro de las oportunidades económicas.

Después ha de abordarse el estigma y la discriminación contra las personas con trastorno por el uso de opioides a través de la legislación, despenalizando los desórdenes por uso de sustancias y mediante la capacitación de actores comunitarios clave, en lugar de centrarse en cambiar las actitudes individuales. "Es fundamental involucrar a las familias y comunidades afectadas en la formulación de políticas y el cambio de legislación para detener la criminalización de los trastornos por uso de sustancias", observa la experta.

Esto lleva a movilizar las redes de apoyo de la familia y la comunidad para ayudar a mejorar la participación de la salud. Estos deben aprovechar los recursos y las redes sociales que facilitan el tratamiento y la adherencia al VIH para mejorar el acceso al tratamiento asistido por medicamentos. Además, hay que desarrollar políticas que reconozcan y compensen a las personas por cuidar a quienes viven con trastornos por uso de opioides, según los investigadores.

Por último, reconocer que el activismo de la comunidad es crucial para hacer que el tratamiento asistido por medicamentos esté ampliamente disponible, al igual que comprometer a la sociedad y las partes interesadas, fue fundamental para ampliar el acceso a la terapia antirretroviral, asemeja Caroline Parker.

Se asignan millones a la crisis de opioides, por ello hay que comprometer esos recursos exclusivamente con soluciones biomédicas, lo que "es probable que reproduzca las marcadas disparidades que se han visto con el VIH", pero "aprendiendo de los fallos y los éxitos de la respuesta al virus se puede aprovechar el apoyo para garantizar que la respuesta a los opioides beneficie a todos los sectores de la sociedad", concluye Silvia Martins.