Facua alerta de la labor de abogados que "suplantan" a ayuntamientos en asesoría sobre cláusulas suelo

La asociación de consumidores Facua de Granada ha alertado de las prácticas que están desempeñando algunos bufetes de abogados que, a raíz del decreto sobre cláusulas suelo, "están dedicándose a convocar charlas informativas simulando que las mismas se convocan directamente" desde ayuntamientos de la provincia a los que "suplantan".

Según ha informado Facua en una nota de prensa, estos abogados utilizarían sus buenas relaciones con los consistorios para emplear "sin autorización tanto logotipos como otros elementos corporativos de los municipios".

Facua ha indicado que el último caso del que ha tenido noticia ha sido en Vegas del Genil donde "el propio Ayuntamiento ha tenido que desmentir la convocatoria de uno de estos eventos, al detectar que se había usado de forma indebida el escudo y el nombre del municipio, en forma de presunto apoyo a la actividad".

Esta cuestión, "además de constituir un grave ilícito, supone un engaño a los consumidores, que pueden llegar a confiar información de vital importancia para ellos como son sus escrituras hipotecarias y otros documentos sensibles a personas con fines empresariales no bien aclarados, pensando en el apoyo que el Ayuntamiento correspondiente otorga al acto".

Ello puede derivar, prosigue la asociación de consumidores, en "no pocos problemas en función del tratamiento que pueda darse a estos datos y a las gestiones posteriores que puedan surgir".

Así, desde Facua Granada se considera que los ayuntamientos "deben extremar las precauciones a la hora de autorizar este tipo de actos" dejando claro que si no están organizados por la institución municipal "su imagen corporativa no debe ser utilizada a fin de evitar confusión a sus vecinos".

Ante la nueva situación, algunos bufetes plantean "condiciones poco transparentes para sus clientes, principalmente amparados en el argumento comercial de que el cliente no paga nada en costas". Entre otras cuestiones, Facua ha detectado que en algunos de estos contratos se encuentra "la obligación de pagos de hasta el 20 por ciento de las cantidades reintegradas, llegándose incluso a retener el importe total recuperado si la misma no alcanza una cierta cantidad".