La FAMP insta a la Junta a impulsar políticas locales de empleo y desarrollo económico

La presidenta de la Comisión de Empleo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcaldesa de Monturque (Córdoba), Teresa Romero Pérez, ha recordado este miércoles la situación tan difícil que sufre gran parte de los municipios andaluces motivada por la crisis social y económica como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias que se vienen implantando en Andalucía.

Romero ha subrayado que “el aumento de contagios, en esta nueva ola, supone un nuevo golpe para la actividad económica y el empleo que afecta a la ciudadanía y se refleja a diario en nuestros pueblos y ciudades”. En este sentido, ha abundado que “desde el municipalismo se ha venido trabajando intensamente en buscar soluciones que ayuden a paliar esta difícil situación, desplegando todos los recursos y medios disponibles desde los Gobiernos locales”.

“La Administración local es la más cercana a la ciudadanía, por eso alcaldes y alcaldesas hemos asumido, desde el inicio de esta pandemia, un importante papel que se ha traducido en una apuesta por incrementar los servicios públicos en esta situación excepcional; en muchos casos, trasvasando su propio ámbito de responsabilidades y competencias que legalmente corresponden a los entes locales porque lo importante es que nadie de quede atrás”, ha resaltado.

De esta manera, ha afirmado que “desde los Gobiernos locales, el objetivo prioritario ha sido atender las necesidades básicas de familias que se han visto afectadas por la pérdida de sus empleos y la reducción drástica de sus ingresos. Esta situación ha provocado que muchos municipios hayan experimentado un fuerte incremento de peticiones de ayuda a través de los servicios sociales comunitarios de competencia municipal, que se ven desbordados”.

La presidenta de la Comisión de Empleo de la FAMP ha recordado que desde la Federación, al inicio de la pandemia, se propuso a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, e incluso al presidente Juanma Moreno, “la necesidad urgente de reforzar sustancialmente los planes autonómicos de empleo, competencia exclusiva de la Junta, como herramienta fundamental para paliar la agobiante situación de decaimiento económico y desempleo en nuestro territorio”.

Así como el interés de las entidades locales “para poder poner en marcha políticas de fomento económico y de empleo usando recursos propios, sobre todo en el uso de los remanentes de muchos municipios andaluces gracias a las medidas de ahorro del gasto público de estos últimos años, como una oportunidad que no debe dejarse pasar y que requiere buscar vías de colaboración que superen posibles trabas jurídicas derivadas de la ausencia de competencias de los Gobiernos locales en materia de empleo y ayudas a pymes y autónomos”.

Romero ha destacado que desde la FAMP se trabajó con la Consejería de Empleo en una propuesta de Convenio Marco que amparase una línea efectiva de colaboración Junta-Entidades locales que posibilitase un diseño urgente y conjunto de un Plan Especial de Empleo, lo suficientemente versátil y con dotación de financiación de ambas Administraciones, que permitiese crear empleo y ayudas a empresarios locales para reactivar el tejido económico y social; y con el fin de que muchas familias afectadas por la crisis tuvieran una rápida respuesta a sus problemas..

“Desde finales de diciembre, en que se intercambiaron los últimos intentos de llegar a estos convenios, que permitan invertir remanentes municipales en estos planes locales de dinamización económica y de empleo con garantías competenciales de ambas Administraciones, aún no se ha tenido una respuesta definitiva por parte de la Junta de Andalucía para poner en marcha estas herramientas que impulsarían la dinamización de nuestro territorio y aplicar los recursos municipales disponibles de forma eficiente y con garantías jurídicas”.

Finalmente, Romero espera que “desde la Consejería de Empleo tengamos una pronta respuesta y que se oriente a buscar medidas consensuadas, respetuosas con las competencias de ambas Administraciones y con la legalidad vigente, desde el respeto interinstitucional y con la mirada puesta en una co-gobernanza que busque soluciones a los problemas de la ciudadanía”.