La FAMP reivindica el compromiso de las administraciones para afrontar el incremento del coste de los materiales

La Subcomisión de Diputaciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por José Entrena, mandatario de la Diputación de Granada, se ha reunido este pasado miércoles telemáticamente para abordar la aplicación del Decreto Ley 4/2022, de 12 de abril y del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo. Normas que establecen medidas excepcionales por la subida del precio de los materiales de construcción en la obra pública que afecta, especialmente, a las corporaciones locales andaluzas y a las empresas del sector.

Tras la aprobación, por parte de la Diputación Permanente del Parlamento andaluz del decreto de revisión de precios de los contratos de obra pública en Andalucía, la subcomisión de Diputaciones de la FAMP recomienda a los ayuntamientos andaluces a que se adhieran a estos dos decretos, el del Estado y el de la Junta de Andalucía. Pero al mismo tiempo, ha alertado de la subida de los materiales del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que debería ser renegociado -este año- con la Junta de Andalucía ya que, hasta ahora, las diputaciones asumen el 25 y la Junta el 75%. Esa alza de precios de materiales, entre un 10 al 20%, también debería estar sobre la mesa de trabajo. Así como el sobrecoste de las obras EDUSI y otros proyectos similares con financiación estatal y europea. El presidente de la FAMP trasladará a la FEMP esta problemática para que desde el municipalismo se busquen las soluciones oportunas ante los ministerios afectados por estos proyectos.

El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha afirmado que “los ayuntamientos andaluces estarían dispuestos a cofinanciar el incremento de precios por el encarecimiento de los materiales siempre que la Junta de Andalucía participe aportando fondos”, pero advirtió que “desde la FAMP existe una enorme preocupación” en cómo abordarán los ayuntamientos la subida de entre el 10 y el 20% de los materiales. “De hecho, las entidades locales son las mayores licitadoras de la comunidad autónoma, siendo las más afectadas”, ha indicado.

Rodríguez Villalobos ha reiterado la “urgente necesidad” de que la Junta y la FAMP se sienten para negociar y solucionar un problema “muy grave” que empieza a dar la cara, que podría paralizar múltiples obras a corto plazo y que también puede afectar al empleo y a la supervivencia de las empresas del sector de la obra pública. Recordó que la Permanente de la Federación -en la que están incluidas la totalidad de fuerzas políticas- acordó trasladar esta problemática a la Junta de Andalucía porque “los alcaldes y alcaldesas llaman a los presidentes de las diputaciones mostrando su profunda inquietud” ante obras que se paralizan o licitaciones que quedan desiertas. Para ello, es fundamental un entendimiento con el resto de las administraciones públicas y empresas del sector como ya se ha puesto de manifiesto desde la FAMP con la puesta en marcha de una comisión técnica de trabajo. Pero ahora mismo es “prioritario que los ayuntamientos andaluces de adhieran a este Decreto”. De igual manera, apuntó que una solución para aliviar la carga del sobrecoste de materiales que afecta a las empresas sería el “reconocimiento de la deuda por parte de los ayuntamientos para que éstas negocien con sus bancos”, para lo que resulta fundamental la colaboración financiera de las administraciones supramunicipales, especialmente la Junta de Andalucía.

Por su parte, Entrena ha reiterado que es “fundamental” que las corporaciones locales de Andalucía se sumen al Real Decreto y al Decreto Ley porque “estamos verdaderamente preocupados ante esta subida que amenaza con paralizar proyectos y obras en numerosos municipios, y especialmente, en los más pequeños como es el caso de Granada o con menor capacidad de tesorería. “La Junta de Andalucía debe colaborar y cofinanciar esta subida ya que las diputaciones no podemos asumir, a pulmón, todos los sobrecostes de las obras que se realizan en los municipios andaluces y más después del esfuerzo que hemos hecho durante esta pandemia”, aseguró.

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, mostró su sensibilidad ante este problema y apuntó otra problemática añadida: la inseguridad jurídica de las obras sin cofinanciación y las aportaciones que realizan los pequeños municipios en la distribución de costes que también sería “necesario cuadrarlos”.

Finalmente, la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, se mostró partidaria de un “gran consenso” entre las distintas administraciones públicas: Diputaciones, Estado central y Junta de Andalucía para buscar una salida rápida y positiva que resuelva este problema que afecta especialmente a los ayuntamientos, y de manera más directa, a los más pequeños y del ámbito rural”.