Fijadas tres sesiones para buscar acuerdos que eviten el macrojuicio del caso Marchelo

La Audiencia de Granada ha señalado para la próxima semana tres comparecencias con el objetivo de que las partes intenten llegar a posibles acuerdos de conformidad que eviten ir a juicio en la macrocausa conocida como 'caso Marchelo', en el que están investigadas más de una decena de personas, entre empresarios, técnicos y políticos, y cuya instrucción se ha prolongado durante más de quince años.

Ya el pasado verano, la Sección Primera de la Audiencia acordó la formación de tres piezas separadas para facilitar el enjuiciamiento. La macrocausa quedó así dividida en los tres bloques fácticos que se contienen en el escrito de acusación formulado por la Fiscalía.

Así, la primera pieza se refiere a la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía de Alhendín; la segunda, a las presuntas irregularidades cometidas en torno al polígono Industrial Marchalendín y la tercera pieza a la edificación de la Urbanización Novosur, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras dar este paso, que ya es firme, la Sección Primera ha fijado tres comparecencias para el 18, 19 y 20 de febrero, un día por cada pieza, en los que cita a todas las partes procesales y a los acusados que correspondan a cada una de ellas para "la posible obtención de conformidades", según consta en una providencia de este tribunal, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los posibles acuerdos evitarían llegar a un macrojuicio cuya celebración entraña gran complejidad y en función del resultado se podrán dictar las correspondientes sentencias de conformidad, o pasar a la fase del juicio para los que no cierren un acuerdo con la Fiscalía en estos días.

Para el exalcalde del PP en Alhendín en el momento de los hechos, José Guerrero, la Fiscalía solicita casi 16 años de cárcel; y para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, 26 años de prisión. En el banquillo de los acusados se sentarán otros exediles, técnicos y promotores por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida. Por su parte, el Abogado del Estado acusa por las actuaciones sobre el antiguo cauce del arroyo de la Calera en el marco de una de estas operaciones urbanísticas.