Fijan audiencia preliminar en la causa contra el exalcalde López Ródenas por supuestas llamadas eróticas
Sostienen que utilizaba las línea telefónicas que poseían en el Ayuntamiento para contratar servicios "ajenos a la actividad municipal"
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar ha fijado para octubre una audiencia preliminar en la causa que se sigue contra el exalcalde socialista de Castril, José Juan López Ródenas, y un concejal suyo por el supuesto "desfalco" realizado a las arcas públicas al usar supuestamente las línea telefónicas que poseían en el Ayuntamiento para contratar servicios "ajenos a la actividad municipal", incluyendo productos eróticos.
El Ayuntamiento de Castril, ahora gobernado por Nuevo Castril, ha solicitado la apertura de juicio oral por este caso, en el que ejerce la acusación particular; mientras que la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento y archivo de la causa.
Tras los escritos de calificación provisional presentados por las partes, el juzgado ha fijado esta audiencia preliminar para el 18 de octubre de este año en el marco de un procedimiento que se está siguiendo por la fórmula del Tribunal del Jurado, según consta en una providencia del 28 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Consistorio atribuye a ambos acusados un delito de malversación de fondos públicos por la presunta contratación desde enero de 2008 a diciembre de 2011 de servicios de televisión o de "cámara oculta sexy", entre otros, por un importe de 1.579 euros en el caso de la línea de López Ródenas, que reintegró luego el dinero; y de 973 euros en la del otro edil, que no devolvió nada.
Así, en su escrito de acusación provisional el Ayuntamiento pide para López Ródenas nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el mismo periodo, así como una multa de unos 800 euros; o alternativamente 21 meses de inhabilitación y multa de 3.240 euros.
LA FISCALÍA PIDE EL ARCHIVO DE LA CAUSA
La Fiscalía ha solicitado por su parte el archivo de la causa, al entender que el gasto en las llamadas pudo deberse a una estafa a la línea del Ayuntamiento y que no existe "base probatoria suficiente" para llevarlos a juicio.
Desde el Ayuntamiento rechazan los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal ante las periciales que obran en las actuaciones, una de ellas de la Guardia Civil, y el "carácter de arrepentimiento" de López Ródenas "al restituir el dinero malversado".
El escrito agrega que los acusados no reclamaron a la compañías, mientras que tampoco se vieron afectados otros móviles del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento ve necesario que haya juicio "para dilucidar la culpabilidad o no de los acusados", solicitando para el otro edil la pena de un año y medio de prisión y multa de unos 2.700 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.
