Fiscal ordena a la Policía investigar una operación urbanística y que declare Torres Hurtado

La Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía de Granada ha ordenado a la Policía que investigue posibles irregularidades en una operación urbanística supuestamente orquestada para favorecer a un empresario y que tome declaración por ello al alcalde de la capital, José Torres Hurtado, a la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y al concejal de Economía, Francisco Ledesma, y otros ocho altos cargos del Ayuntamiento de Granada.

El Ministerio Público abrió diligencias por este asunto tras la denuncia interpuesta por otro empresario granadino, Ramón Arenas, que considera que se ha producido una "estafa inmobiliaria" y que indica que la operación ha conllevado que una parcela de su propiedad haya sido invadida por la construcción de un pabellón deportivo que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa.

Para la Fiscalía, según consta en un decreto notificado en julio y al que ha tenido acceso Europa Press, de la denuncia se infiere "ab initio" que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos, y tráfico de influencias.

Por ello, ordena a la Policía que investigue las posibles irregularidades económicas y/o administrativas, le reciba declaración a los denunciados --entre los que también se encuentra el empresario supuestamente favorecido, Roberto García Arrabal-- y recabe la documentación oportuna.

Además, libra oficio a la Dirección General de Inspección Urbanística de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para que remita informe "preciso y detallado" sobre la legalidad de las actuaciones urbanísticas denunciadas, y del alcance de las mismas, según señala en la resolución, que adelanta el diario 'Ideal'.

Concretamente, le insta a que aporte información sobre si se ha respetado el procedimiento legalmente establecido, si existen posibles irregularidades en los expedientes municipales incoados y relativos a estas actuaciones urbanísticas o incrementos de aprovechamientos lucrativos, y que señale también el posible detrimento sufrido por las dotaciones públicas y el perjuicio posible para los estándares urbanísticos, para los intereses municipales y para los ciudadanos.

MODIFICACIÓN DE LA CONCESIÓN

Los hechos denunciados, en síntesis, hacen referencia a la modificación del concurso-licitación de la concesión administrativa de una parcela de uso deportivo mediante la "alteración sucesiva" de sus condiciones "hasta desvirtuar por completo su objeto", en beneficio del empresario Roberto García Arrabal, como representante legal de la empresa Fontdeis SL.

Según indica Arenas en su denuncia, en el año 2005, a su empresa, Aremat Formación S.L., le fue adjudicada en concurso público una parcela de equipamiento docente en la calle Escritor Baltasar Martínez del inventario de patrimonio municipal, pero transcurridos 10 años, la actuación del Ayuntamiento ha impedido su "desarrollo".

La razón fue que su parcela resultó invadida por la construcción de un pabellón deportivo municipal que fue adjudicado en el año 2007 por concesión administrativa, razón por la que este empresario lleva reclamando información al respecto al Ayuntamiento desde diciembre de 2012.

Según señala el denunciante, que no ha podido ejecutar las obras que tenía previstas a consecuencia de esa invasión, a través de una persona anónima ha tenido acceso a unos documentos de los que se infiere que en mayo de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) un concurso para la adjudicación de una concesión administrativa en la parcela 1.385 de servicio público en calle Escritor Baltasar Martínez esquina a calle Torre de la Pólvora.

Se trataba de un suelo proveniente de cesiones obligatorias de dos planes parciales del PGOU de 1985 referido a suelo de dominio público de dotaciones deportivas, del que resultó adjudicataria la empresa Fontdeis S.L, con García Arrabal como representante legal.

El objeto de la concesión administrativa, que fue elevada a escritura pública el 7 de marzo de 2008, era la construcción de un pabellón deportivo cubierto con determinadas características, la ejecución de un aparcamiento deportivo de 200 plazas, la construcción de varias pistas deportivas de pádel y, residualmente, un porcentaje no superior al 30 por ciento del deportivo de lo edificado se dedicaría a uso terciario.

MODIFICACIONES Y ALTERACIONES POSTERIORES

El adjudicatario, según el denunciante, se obligaba como canon mínimo a construir un pabellón que debía estar terminado en 15 meses, si bien mediante una serie de estudios de detalle, modificaciones posteriores e informes de los responsables de urbanismo del Ayuntamiento denunciados "se han ido modificando las condiciones del concurso y el pliego de cláusulas".

Finalmente el referido pabellón, con el nombre de Mulhacén, fue rechazado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) para la celebración del Mundobasket al no reunir los requisitos exigidos para los acontecimientos deportivos de nivel, "cuando este mundial era una de las razones determinantes por las que se realizó el concurso de concesión administrativa de la parcela".

Asimismo, según indica Ramón Arenas, el Ayuntamiento ha tenido que realizar una serie de construcciones para acoger las pruebas de la Universiada que han invadido su parcela, y no se han construido ni las pistas de pádel ni las 196 plazas de garaje. A eso se suma que Fontdeis ha realizado "un negocio privado" y ha cedido parte de la explotación de la concesión, "incumpliendo la misma", a McDonald's España.

La consecuencia es la "parcelación de una parcela catastral indivisible de dominio público con la implantación de varias edificaciones y sobre todo la desafección de su destino dotacional y la pérdida de los estándares urbanísticos de los planes parciales que cedieron gratuitamente ese suelo demanial".

Pero, según el denunciante, "no sólo se ha modificado el contenido del contrato", sino también el importe para "evitar" el control del Consejo Consultivo de Andalucía, ya que, aunque constaba en la escritura un importe de más de 6,1 millones de euros, la Junta de Gobierno Local lo modificó a la baja el 18 de mayo de 2012.

Todo ello, afirma Arenas, "haciendo dejación" de funciones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Granada y contra los intereses de los ciudadanos granadinos y en beneficio de Roberto García Arrabal.

"Las irregularidades en esencia se derivan de la alteración fraudulenta de las condiciones del pliego de la concesión administrativa vulnerando fundamentalmente lo establecido en la ley de contratos de las administraciones y en el supuesto perjuicio la ciudad y otros empresarios que habrían podido concurrir al concurso en beneficio de un empresario determinado, la burla de la fiscalización del contrato falseando la cantidad y la cuestión relativa al importe real de las obras ejecutadas", concluye en su denuncia.