Piden cárcel a una acusada de quedarse con 60.950 euros de la agencia de viajes en que trabajaba

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía la considera autora de un supuesto delito de apropiación indebida

Audiencia provincial de Granada
Imagen de la Audiencia Provincial de Granada, donde está previsto que se enjuicien los hechos | Foto: Archivo / Antonio L. Juárez
Europa Press
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La Fiscalía ha pedido cinco años de prisión y una multa de 3.300 euros para la empleada de una franquicia de una agencia de viajes, sin antecedentes penales, radicada en Huétor Tájar, que habría creado un mecanismo para quedarse con hasta 60.951 euros.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía la considera autora de un supuesto delito de apropiación indebida, en tanto que, "plenamente conocedora del funcionamiento de contratación por parte de los clientes", y "con ánimo de hacer suyas numerosas de las sumas dinerarias que le eran entregadas" creó dicho mecanismo.

Con él, supuestamente "pudo distraer parte del dinero sin que ello" fuera "detectado no ya por la propiedad sino también por el programa informático al que, de manera regular, tenía acceso" la agencia "con el fin de cotejar y comprobar el estado de las reservas y pagos a proveedores".

Para ingresar en efectivo el dinero que "diariamente se guardaba en la caja", habría optado también por "cobrar depósitos a los clientes para reservas futuras" que "no contabilizaba en el sistema contable" de la empresa. Tampoco habría guardado copia de las facturas.

Supuestamente optó también por "no llevar a efecto contrato de viajes combinados en las reservas que así lo requerían, contratar en nombre de la empresa" otros "a precio inferior del de venta al público o del ofertado por el mayorista" y "alterar las fechas de los servicios para cuadrar y contabilizarlos en el programa informático".

Habría abierto "la gran mayoría" de dichos expedientes "a su propio nombre pese a no ser la titular de estos" para contribuir a impedir "el control de los servicios contratados".

Sea como sea, supuestamente urdió un plan en que, a veces con ingresos en su propia cuenta, cuando un cliente contrataba un servicio, "aplicaba parte del mismo o el todo, no a cerrar ese expediente del nuevo contratante, sino a uno anterior ajeno a esa transacción y cuyo dinero se había apropiado".

Todo ello habría supuesto un perjuicio de 60.951 euros al titular de la franquicia, que recibió posteriormente 18.000 euros de la madre de la ahora acusada. Está previsto que los hechos se enjuicien en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada el próximo 7 de octubre.