La Fiscalía mantiene pedir más de cuatro años de cárcel para el exalcalde de Castril por gastos en taxis
En la última sesión del juicio, visto para sentencia, el Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales sin modificaciones
Europa Press
La Fiscalía ha mantenido este viernes su petición de cuatro años y medio de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta para el exalcalde de Castril, José Juan López Ródenas, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por el supuesto gasto indebido de 47.246 euros en desplazamientos en taxi en su etapa de gestión.
En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, el Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales sin incluir modificaciones, según han detallado a Europa Press fuentes del caso. También lo ha hecho la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, que solicita nueve años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los mismos delitos.
La defensa ha ratificado su solicitud de libre absolución incidiendo en que los más de 47.000 euros que se atribuyen al alcalde son realmente la partida total consignada para el servicio de taxis para todo el mandato para todas las áreas y corporativos del Ayuntamiento.
Durante la última sesión del juicio han declarado diversos testigos de la defensa, entre ellos técnicos del área de Servicios Sociales, responsables del área de Cultura o miembros de la Comunidad de Regantes que han confirmado que hicieron uso durante el periodo de tiempo investigado del servicio de taxi para temas tan diversos como el desplazamiento a centros escolares de menores del municipio en desamparo, viajes a Sevilla por proyectos de regadíos o desplazamientos de la banda municipal.
El periodo investigado abarca desde 2008 a 2011, cuando a juicio del fiscal el entonces alcalde "abusando de su condición de autoridad", "consciente de la ilegalidad de su actuación" y del "perjuicio que causaba al interés general", supuestamente ordenó y autorizó el pago de numerosas facturas emitidas por un determinado taxista.
Lo hizo, según el Ministerio Fiscal, con cargo a los desplazamientos realizados en el taxi puesto a su disposición en calidad de alcalde para el desarrollo de sus funciones. Sin embargo, "la mayoría de los viajes realizados eran de carácter privado y no guardaban relación alguna con el ejercicio de las funcionas propias de su cargo".
López Ródenas defendió el jueves su inocencia ante el tribunal y señaló que están "acreditados" cada uno de los viajes en taxi, que en su mayoría no realizó él y que enmarcó en el normal funcionamiento del Ayuntamiento y en la gestión de las distintas áreas municipales. Afirmó que se han aportado a la causa facturas que habían tenido "todas" su procedimiento y su correspondiente "expediente", conforme a lo expuesto por quien llevaba la Secretaría del Ayuntamiento en aquel momento y que no hay "ningún atisbo de duda" sobre su legalidad.
