La Fiscalía mantiene su petición de 10 años de inhabilitación para el exalcalde de Íllora

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Íllora Francisco Domene (PSOE) por un delito continuado de prevaricación administrativa en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Granada por la supuesta contratación irregular de dos personas que prestaron su labor de manera externa para el Ayuntamiento entre 2012 y 2014 supuestamente "troceando" en numerosas facturas el trabajo de carácter continuado que desempeñaban.

En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, el Ministerio Público también ha mantenido su petición para los dos trabajadores cuya contratación fue supuestamente irregular y que considera cooperadores necesarios en este asunto por el que se enfrentan a una petición fiscal de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Para el último acusado, el interventor accidental del Ayuntamiento, ha solicitado nueve años de inhabilitación, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

Todos ellos han defendido durante el juicio que la contratación se ajustó a la legalidad vigente en el momento de los hechos, mediante la fórmula del contrato menor, y que no hubo por tanto prevaricación en las resoluciones que se dictaron al respecto. Además, el exregidor declaró el martes que tenía delegadas en los concejales de su equipo de gobierno funciones como la realización de contratos menores.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los dos trabajadores acusados fueron, entre 2005 y 2008, técnicos de Empleo de la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico con sede en Loja, perteneciente al Consorcio del Poniente granadino, del que forma parte el Ayuntamiento de Íllora.

Cuando se produjo la rescisión de sus contratos por parte de la Consejería de Empleo, el alcalde les propuso que siguieran vinculados al Ayuntamiento para realizar diversas labores especialmente relacionadas con el fomento del empleo local; desde la tramitación de subvenciones a la organización de cursos de formación profesional o la elaboración de proyectos justificativos del destino de los fondos obtenidos.

Para ello, según el relato del fiscal, contrató sus servicios a través de la figura de trabajadores autónomos externos, firmando el pago de las facturas que emitían al consistorio "con el beneplácito y la firma necesaria" del otro acusado, el interventor accidental de los fondos del Ayuntamiento.

Todo ello, "sin llevar a cabo ningún procedimiento de contratación laboral o de adjudicación de servicios" y sin que el interventor formulara reparos o informes desfavorable advirtiendo "de la omisión de todos los trámites esenciales" para "no vulnerar los principios de libre concurrencia, igualdad, publicidad y transparencia, ya que las facturas extendidas por los trabajadores excedían los 18.000 euros" al año previstos en la ley.

Mantiene la Fiscalía que los dos trabajadores por su parte aceptaron la oferta "con conocimiento de la flagrante vulneración de la legalidad vigente" que suponía "en perjuicio de la libre participación de otros candidatos que pudieran concurrir ofreciendo mejores proyectos". De hecho, les acusa de "simular la verdadera relación laboral dependiente y permanente en el tiempo que les unía con el Ayuntamiento", "troceando el trabajo de carácter continuado que desempeñaban en numerosas facturas por cada proyecto, subvención o taller realizado que giraron al consistorio de 2012 a 2014".

Así las cosas, cada uno de los dos trabajadores presentó supuestamente numerosas facturas por valor de más de 21.000 en 2013 y lo volvieron a hacer en 2014. La situación se perpetuó, según el fiscal, hasta que en 2015 salió publicado en el BOP las bases de la convocatoria de dos puestos de técnicos de Desarrollo Local y Turismo en la modalidad de funcionarios interinos por programas, unas plazas que, tras el procedimiento de libre concurrencia, se otorgaron finalmente a los dos acusados.