La Fiscalía mantiene su petición de absolución para el excalde de Castril en la causa sobre el uso del móvil municipal

La Fiscalía ha mantenido su petición de absolución para el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE) en la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Granada contra él acusado de un delito de malversación de caudales públicos por un presunto uso indebido del móvil que tenía asignado durante su etapa como regidor y que, según la acusación particular, utilizó para fines ajenos a la función pública, como servicios de ocio y televisión.

La Fiscalía ha elevado así a definitivas sus conclusiones provisionales y, tras finalizar la sesión, se ha entregado el objeto del veredicto a los miembros del jurado popular, que ya se han retirado a deliberar, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

La fiscal no acusa a López Ródenas al entender que no existen elementos de prueba suficientes para determinar que contrató de manera consciente estos servicios y porque cabe la posibilidad, por tanto, de que haya sido víctima de una "práctica fraudulenta" por parte de estas compañías de 'SMS Premium'. En todo caso, sostiene que aunque se hubiera producido una contratación voluntaria de estos servicios por parte del entonces alcalde ello no sería constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos como le atribuye la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Castril, la única en este proceso.

Esta acusación discrepa de este análisis y subraya que durante más de dos años "se contrataron servicios de once empresas distintas durante dos años", de modo que el entonces alcalde "sabía muy bien lo que contrataba cada mes", de acuerdo a las pruebas documentales, y teniendo en cuenta que venía todo reflejado en las facturas y el horario de los mensajes, que en su mayoría cesaban en el horario habitual de sueño.

Esta acusación reclama que sea condenado a una multa de 3.240 euros y a suspensión de empleo o cargo público por 21 meses, pero en todo caso persigue un "reproche penal" a esta actitud bajo el convencimiento de que contrató de forma voluntaria de estos servicios, con un coste total de 1.579 euros que se sufragaron con fondos públicos e incidiendo en la "inacción" del entonces regidor que "no denunció los hechos ni reclamó el dinero a las compañías", y que lo ingresó en las arcas municipales "una vez que fue llamado a declarar como investigado y no antes".

En la primera sesión del juicio, López Ródenas declaro que "jamás" usó el móvil municipal para fines ajenos a la función pública, contratando servicios de ocio, televisión y "mucho menos para temas relacionados con llamadas eróticas", sino que fue víctima de una "estafa" por la que le cargaron esta clase de productos sin que él fuera consciente.

Su defensa ha recalcado este jueves que no existen pruebas suficientes contra su cliente, en la línea de lo expresado por la Fiscalía, y ha recordado a los miembros del jurado que "no se puede condenar por corazonadas". Durante el proceso ha hecho hincapié además en que los hechos se produjeron entre diciembre de 2008 y enero de 2011, unas fechas en las que este mercado de los SMS Premiun no estaba del todo regulado y hubo "miles de personas" afectadas por situaciones similares a esta. Asimismo, ha venido recordando que las acusaciones contra el exregidor se produjeron tras el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la localidad y se fundamentan, a su juicio, en "espurias motivaciones políticas que no deben merecer el amparo judicial".