Le piden cinco años de prisión por quedarse con el dinero de unas viviendas que nunca se construyeron
El dinero fue depositado en una cuenta abierta al efecto y se hizo constar la devolución de las cantidades mediante un seguro
Europa Press
La Fiscalía ha solicitado la pena de cinco años de prisión para un empresario acusado de apropiarse de cerca de 45.000 euros de varios compradores de unas viviendas de protección oficial que iban a construirse en Cuevas del Campo pero que nunca llegaron a ejecutarse.
Estas viviendas unifamiliares de protección oficial no llegaron a construirse por falta de financiación y a los compradores tampoco se les devolvió el dinero que entregaron a cuenta, unos 4.977 euros por cabeza, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.
Los hechos se remontan al 27 de noviembre de 2009, cuando la mercantil de la que ahora es administrador único el acusado celebró los contratos de compraventa de estas viviendas proyectadas en Cuevas del Campo. El dinero entregado por los compradores fue depositado en una cuenta abierta al efecto y en los contratos se hizo constar que la devolución de las cantidades quedaba garantizada mediante un seguro que nunca llegó a contratarse por la empresa vendedora.
Un año después, el 22 de noviembre de 2010, los que entonces eran administradores de esta empresa la vendieron al empresario acusado en este causa, que fue nombrado administrador único. Según el relato de la Fiscalía, esta persona dispuso del dinero de los compradores de las viviendas para "fines distintos a la construcción" de esta promoción, dejando la cuenta que se abrió con este fin con un saldo de 139 euros a fecha de 24 de septiembre de 2012.
Las viviendas nunca fueron construidas por falta de financiación y ninguno de los compradores ha obtenido la devolución del dinero, motivo por el que la Fiscalía acusa a este empresario de un delito continuado de apropiación indebida en el que concurre el abuso de credibilidad empresarial.
Además de los cinco años de prisión, la Fiscalía pide que sea condenado al pago de una multa de 4.500 euros por estos hechos, que se serán juzgados el próximo 1 y 2 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.
