Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla por la adjudicación de unas obras

La Fiscalía de Granada ha solicitado cuatro años de cárcel para el alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en la adjudicación presuntamente irregular de las obras de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad.

El fiscal también solicita en su escrito de acusación doce años de inhabilitación para empleo o cargo público para el regidor y pide las mismas penas para el gerente de la empresa mixta Argimesa y para un trabajador del área municipal de Urbanismo, a los que atribuye los mismos delitos que a Sánchez, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Este escrito de acusación de la Fiscalía, que avanza este viernes el diario 'Ideal', se produce después de que esta causa, que fue archivada por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, fuera reabierta a raíz del recurso presentado por el PP de Armilla.

La denuncia inicial partió del propio Ayuntamiento en el periodo en el que fue gobernado por el 'popular' Antonio Ayllón, que acusó a Sánchez de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias, por la ejecución, sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de los trabajos.

En aquel momento, el alcalde sostuvo que su antecesor había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que en realidad tuvieron mucho mayor alcance, lo que le permitió saltarse todo el procedimiento administrativo para ponerlas en manos de la empresa municipal mixta Armigesa, responsable, entre otros trabajos, de la jardinería de Armilla.

Según sostuvo el citado Juzgado en el auto que abría de nuevo la causa, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera "totalmente ilegal" las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323A por un importe de cerca de 280.000 euros.

Se hizo, según el juez, presuntamente "sin expediente de contratación alguno" pese a ser una obra mayor por su cuantía, que requería un procedimiento abierto y respetar los principios de publicidad y libre concurrencia, sin licencia de obras, y sin consignación presupuestaria, en unos terrenos que "no son propiedad del Ayuntamiento".

EL ALCALDE, "DESCONCERTADO"

El alcalde de Armilla ha manifestado este viernes su "desconcierto por el cambio de opinión" que a su juicio ha tenido la Fiscalía en este caso, pues ha ido "variando de criterio desde que comenzó en marzo de 2012".

El regidor ha defendido su inocencia y ha reiterado que los trabajos se ejecutaron a través de la empresa de capital mixto Armigesa, "cumpliendo todos los requisitos exigidos, ya que sus estatutos permiten que se puedan realizar este tipo de obras que se financian con cargo a los beneficios del Consistorio".

Así, ha manifestado su "plena confianza y respeto" en la justicia y se mostrado convencido de que "este asunto quedará en nada" y se archivará definitivamente.

Por su parte, el portavoz del PP en Armilla y vicepresidente provincial del partido, Antonio Ayllón, ha considerado que la posición del actual alcalde de Armilla es "insostenible" porque "a la petición conocida ahora se suma el hecho de que Sánchez comparecerá el próximo 16 de diciembre por el caso de los vertidos del PTS, en el que se le acusa de un delito de prevaricación administrativa y otro contra el medio ambiente".

En ese sentido, Ayllón ha pedido tanto a la dirección provincial del PSOE como a los partidos que "sostienen" a Sánchez en la Alcaldía de Armilla (PSOE, IU y un edil procedente de Podemos) "que lo retiren de la vida política".

A juicio del PP, "la acumulación de acusaciones hacen a Gerardo Sánchez incompatible con la llamada de esos partidos a ser intolerantes con la corrupción".