Fiscalía y Defensoría del Pueblo andaluz se unen contra la impunidad urbanística

El fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón y del defensor de Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, celebran hoy una jornada de trabajo para tratar los delitos urbanísticos en suelo rural y no urbanizable. La reunión se produce en el marco de una larga tradición de relación entre ambas instituciones, de más de 10 años, y generará una serie de conclusiones que se publicarán en la propia página web del Defensor del Pueblo Andaluz, lo antes posible. Igualmente estos resultados se enviarán a los 770 Ayuntamientos. "Hemos recibido una propuesta del defensor, la estamos estudiando y en muy poco tiempo, con alguna matización, firmaremos un documento conjunto.

La propuesta tiene por objeto contemplar "no solo los problemas del incumplimiento de la legalidad, sino los que genera el cumplimiento de la legalidad". Por ello, además de los casos de impunidad urbanística, sobre todo en las zonas costeras, "ahora nos preguntamos los problemas de las demoliciones -de construcciones ilegales-, la afectación a derechos de terceros de buena fe, esa política de hechos consumados, que ha sido tan negativa", algo "que tampoco podemos obviar". A juicio del fiscal, "ahora hay otros problemas de criminalidad que oscurecen la vida pública, y no se tiene el foco puesto en la delincuencia urbanística". Sin embargo "cuando la presión no es tan fuerte, es el momento de trabajar."

TOLERANCIA CERO A LA IMPUNIDAD URBANÍSTICA

Por su parte Jesús Maeztu ha destacado la necesidad de "crear una conciencia social" de que no puede ni debe haber impunidad urbanística, haciendo hincapié en las parcelas individuales, y enfatizando al mismo tiempo "que ni la Fiscalia ni la Defensoría del pueblo quiere llegar a demoliciones, a situaciones dramáticas, personales, familiares", recordando que "hay gente de buena fe, que tiene a lo mejor una 'cosita pequeña', que hay que tratar caso por caso". Para Maeztu, "el propósito de estas jornadas es impedir, no demoler".

Al mismo tiempo, y según el defensor, los Ayuntamientos y los ciudadanos deben tomar conciencia "de que este es un país serio, en el que si hay una buena fe, hay indemnizaciones que se deben exigir", pero de no haber esa buena fe, "sepan que ya es impune, que ya es tolerancia cero". Se trataría de desterrar "la conciencia de este país de que los que lo cumplen son tontos, y los que han incumplido, les llegará la legalización", porque "este es un problema de los constructores, de los promotores, de los Ayuntamientos y, finalmente, de la Fiscalía".