Fuentes defiende la legalidad de su gestión tras el "ataque" informático en el Ayuntamiento
Ha declarado a raíz de un supuesto ciberataque que dejó al descubierto documentación del Sistema de Información Municipal
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes ha defendido este lunes ante el Juzgado la legalidad de su gestión tras el supuesto ataque informático que se produjo en el consistorio en 2012, alegando que su papel se "limitó" a trasladar a la Fiscalía el informe que realizaron sobre lo ocurrido el titular de la asesoría jurídica y el director de informática y negando por tanto la falsedad documental que se le atribuye en este caso.
Fuentes ha declarado en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción 6 de Granada a raíz de la denuncia presentada por parte de uno de los trabajadores que quedaron absueltos en el juicio que se celebró en mayo en la Audiencia Provincial por este supuesto ciberataque que dejó al descubierto documentación del Sistema de Información Municipal que debía estar protegida, como nóminas de funcionarios y políticos del Ayuntamiento.
Los dos funcionarios acusados negaron en todo momento los hechos, afirmando que fueron ellos quienes detectaron el problema y actuaron de forma "diligente" para intentar solucionarlo; finalmente tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Granada retiraron todos los cargos contra ellos.
Fuentes, que en el momento de los hechos era concejal de Personal, ha declarado que se limitó a cumplir con su "obligación" de enviar los citados informes a la Fiscalía por recomendación de la asesoría jurídica ante la posible comisión de delitos en torno a "las filtraciones" de documentación por "esos ataques". Ha incidido en que fue el Ministerio Fiscal el que se "querelló" en este asunto.
Según ha detallado a Europa Press el propio edil, su declaración ha sido breve y ante el secretario del Juzgado y ha confiado en el archivo de una denuncia que enmarca en la "batalla política" y que afecta a otros cuatro cargos municipales que deberán comparecer también como investigados por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y estafa procesal.
Uno de estos funcionarios debía haberlo hecho este lunes, pero su comparecencia se ha aplazado a petición de su letrado, que también representa a otros cargos investigados.
