Gestionando la crisis de la nieve en batín y pantuflas

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El director general de Tráfico, Gregorio Serrano | Archivo GD
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Miles de conductores atrapados en la nieve y el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, en su casa sevillana disfrutando la velada familiar de Reyes Magos, pues -al contrario que el ministro Zoido- no ha trascendido que estuviese en el palco del estadio de Nervión disfrutando -o sufriendo, que Sevilla es bipolar- con el equipo de sus sueños.

Casi una semana después de la noche que desbordó la capacidad de gestión de la Dirección General de Tráfico y dejó en evidencia a Iberpistas, la empresa privada titular de la autopista del colapso, entre lo mucho que se ha escrito no encuentro una reflexión que considero oportuna y necesaria, máxime en estos tiempos en que se habla de la necesidad de reducir gasto público como una prioridad. Prioridad que no pasa de las palabras a los hechos, entre otras muchas razones porque quienes tendrían que llevarla a efecto son los partidos políticos, principales responsables y beneficiarios del derroche.

Y entre ese derroche yo, en mi modesta opinión de ciudadano, me atrevo a englobar el propio cargo de director general de Tráfico. No es que la Dirección General de Tráfico pueda prescindir de una persona al frente que tome decisiones y ejecute la política del Gobierno. Lo que pienso es que el perfil de ese responsable no debe responder al de un político sin experiencia, formación ni conocimientos en ese campo. En toda Europa, ese puesto lo ostenta algún técnico de la Administración de nivel alto, que normalmente se perpetúa en el cargo años y más años, con independencia del partido que cada legislatura gana las elecciones y ocupa el Gobierno.

Que yo sepa, mantener las carreteras en condiciones para los automovilistas y diseñar campañas que contribuyan a la seguridad vial no es de izquierdas ni de derechas. Imagino que tanto el PP como el PSOE -y Ciudadanos, IU, Podemos...- lo que quieren es que se circule con normalidad y que en las carreteras haya el menor número posible de accidentes y víctimas. Un objetivo compartido, por encima de ideologías. Alguien podrá decir que sí puede intervenir una determinada posición ideológica a la hora de establecer prioridades y destinar más o menos presupuesto para el mantenimiento de carreteras, la construcción de autovías o el diseño de campañas de concienciación. Cierto. Pero esa es una decisión que se toma por el Ministerio o el Gobierno de turno. Al director general, un técnico de la Administración neutral por definición como funcionario que es, lo que le corresponde es ejecutar tales decisiones con lealtad a una autoridad superior legítimamente elegida o constituida.

Así es en Europa pero no en España, donde a cada cambio de Gobierno le sucede un alud de nombramientos que colocan al frente de Tráfico -y otro sinfín de organismos del Estado- al político de turno, con su correspondiente engrosado salario. Un dinero que el Estado se podría ahorrar si algún día algún partido de algún gobierno decide mantener al frente de estos despachos a los que de verdad entienden de estas cosas, a un técnico sin otra razón de ser que el servicio al Estado.

No se hará. Todo seguirá igual aunque esta crisis de la nieve y su consiguiente polémica se lleve por delante al todavía director general de Tráfico o al ministro. En España, los políticos han invadido la sociedad civil y en noches como aquella o cualquier otra circunstancia natural, se trate de la que se trate, antes de que nadie haya podido evaluar la situación y los daños y atajar las consecuencias negativas que todavía puedan producirse, la clase política ha ocupado el escenario: se suceden las declaraciones, se piden dimisiones desde la oposición y el Gobierno reacciona disparando a todos lados, ya sea la empresa de autopistas o a los conductores atrapados y su imprudencia, sin la menor empatía para su sufrimiento ni pararse a pensar que si se echaron a la carretera en un día como aquel sería -en la inmensa mayoría de los casos- porque el lunes tenían que trabajar y no les quedaba otro remedio.

Estoy por decir que no toda la culpa es del Gobierno. Por supuesto. Pero tener a un político al frente de un organismo técnico tiene estas consecuencias. Si encima nos sale socarrón, entonces el círculo se cierra. Estoy de acuerdo con el bueno de don Gregorio en una cosa: Sevilla es una ciudad maravillosa. Doy fe porque allí he vivido diez de los mejores años de mi vida. Pero al hilo de sus manifestaciones: que existen los teléfonos, internet... que estaba dirigiendo desde su casa, mientras me lo imagino en batín, pijama y pantuflas, con barba de dos días aferrado a la 'tablet' del Ministerio, se me ocurre preguntarme en voz alta si en la noche más crítica de todo el año la gestión y dirección de la crisis se puede realizar desde la vivienda familiar, ¿para qué le pagamos un pisito en Madrid?

Sí, amigos. A este director general cuyo nombramiento conllevó el traslado a Madrid hubo que buscarle domicilio en la capital. Y como las viviendas a su disposición no le satisficieron, al final se le acomodó en dependencias de la Guardia Civil destinadas a los agentes y del cuerpo, para lo que se saltó una lista de peticiones considerable y, además, se afrontaron -si las pagó él, debería mostrar las facturas- las obras de acondicionamiento para poner el pisito a su gusto. Lo dicho: Sevilla es una ciudad maravillosa. Quédese allí, don Gregorio.