La Junta y la UGR firman un convenio que mejora la gestión del riesgo por terremotos

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, han firmado un convenio de colaboración que mejorará el conocimiento y la gestión del riesgo sísmico en la comunidad autónoma. El acuerdo significa uno de los mayores avances en la materia desde la aprobación, hace más de una década, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía y la construcción de la propia sede del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos. Este centro adscrito a la universidad granadina comparte espacio con la sede provincial del 112 en Granada.

El consejero ha subrayado durante el acto, que se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, también disponible en nuestro canal de Youtube, la importancia de la cultura de la prevención y la resiliencia: “Este es un Gobierno que ofrece respuestas de manera inmediata dentro de nuestras posibilidades. Y eso pasa, siempre, por contar con la colaboración de la sociedad civil, de la Universidad, de las empresas o de todos aquellos que constituyen el verdadero motor de Andalucía”.

Datos científicos al servicio de la planificación y gestión de la emergencia

“El trabajo cooperativo con la Universidad, a través del Instituto, va a suponer la transferencia directa del conocimiento y resultados de la investigación universitaria a los trabajos de planificación y gestión del riesgo por terremotos en la comunidad autónoma”, ha apuntado Elías Bendodo.

Con todo ello se va a disponer de una mayor y mejor información tanto para la elaboración de planes como para facilitar la toma de decisiones en caso de emergencia. También permitirá una revisión de la actividad sísmica histórica e instrumental, la evaluación del comportamiento sísmico del terreno, así como un análisis estadístico de vulnerabilidad de las edificaciones, especialmente en aquellas de alto interés como las relacionadas con el patrimonio histórico, entre otras.

Con la firma de hoy se apoya el mantenimiento y crecimiento de la Red de Movimiento Fuerte de Andalucía. Una red que se complementará con la red de acelerógrafos del Instituto Geográfico Nacional. Este aspecto permitirá la realización de mapas de aceleración máxima para poder conocer con mayor precisión datos sobre las zonas con mayores daños en caso de terremotos. La Junta va a facilitar ubicación para los nuevos equipos, la instalación de los acelerógrafos, el mantenimiento de la red y los sistemas de transmisión de datos, en caso de tratarse de emplazamientos sin conexiones.

Capacitación e información a la población

La capacitación de operativos y municipios es otro punto clave de este acuerdo. De hecho, los municipios van a poder disponer de una guía práctica para la reducción de riesgos en elementos no estructurales.

El asesoramiento a autoridades y responsables de Protección Civil es otro de los ejes de este convenio que también otorga una prioridad especial al diseño de campañas de divulgación e información a la población, desde la perspectiva de que no es posible predecir terremotos, pero sí se pueden prevenir sus efectos mediante pautas de autoprotección que pueden salvar vidas. Un trabajo que se desarrollará de forma conjunta con Emergencias 112 Andalucía.

Todo este trabajo ha venido precedido de una intensa labor de colaboración con el Instituto Andaluz de Geofísica desde que se activara el pasado 26 de enero la fase de preemergencia del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico. Durante este fase, el Instituto ha participado activamente en el Comité Asesor, pero también en las actividades de formación en materia de terremotos, planificación e información a la población, impulsadas por la Delegación del Gobierno y el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA), para el voluntariado de Protección Civil, técnicos y responsables de centros escolares.

Igualmente, ha habido una estrecha cooperación con el 112 para la realización de dos guías, una infantil y otra para adultos, con consejos de autoprotección que están disponibles en la web de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Se están imprimiendo 10.000 ejemplares (5.000 de cada una de ellas) para su difusión en los municipios de la Vega de Granada. Ambas guías se han puesto también a disposición de los consistorios afectados para su uso y difusión.

El acto ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno de Granada y ha contado con la presencia del alcalde la ciudad, Luis Salvador, del viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz, el delegado territorial de Fomento y delegado en funciones, Antonio Jesús Granados y la directora del Instituto, Inmaculada Serrano. Todos ellos han acompañado al consejero y a la rectora en la rúbrica de este convenio que marca un paso adelante en la gestión del riesgo por terremoto desde un abordaje múltiple y colaborativo.

Declaraciones del alcalde

Luis Salvador ha manifestado que la firma de este convenio "aporta seguridad, en un momento, en el que los ciudadanos más lo necesitan”. El primer edil ha agradecido la “rapidez” con la que se ha producido el acuerdo entre instituciones y ha señalado que la cooperación es fundamental para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Teléfono de asistencia psicológica

El pasado 11 de febrero se puso en marcha, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, una línea gratuita (900 211 112) de atención psicológica para las personas afectadas por los terremotos de Granada. El fin de esta línea es ofrecer a la ciudadanía estrategias y herramientas útiles sobre cómo afrontar el miedo y la ansiedad ante la sucesión de los temblores.

En los primeros días de funcionamiento (entre el 11 de febrero y el 1 de marzo), el teléfono ha recibido un total de 136 llamadas. De estas, un 77 por ciento (un total de 104) fueron llamadas informativas en las que los usuarios solicitaban atención psicológica de acuerdo con el procedimiento establecido. El tiempo de atención de estas comunicaciones, según los datos aportados por el Colegio de Psicólogos, ha sido de una media de 25 minutos por llamada.